Después de que a inicios de año se mediatizara el caso de una menor de 13 años que dio a luz en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal, autoridades de los distintos niveles de gobierno realizaron acciones contra los matrimonios forzados, mismas que, sin embargo, han causado efectos adversos, así lo expuso José Encinos, responsable del área de defensoría de Melel Xojobal.
En entrevista, Encinos mencionó que la organización, con casi 30 años de experiencia tratando temas relacionados a la infancia trabajadora, tiene bases de datos de las violencias que siguen padeciendo los niños y niñas del estado, tales como el desplazamiento forzado, feminicidios, asesinatos y lo que se conoce como matrimonios forzados.
Dicho fenómeno, dijo, continúa sucediendo en municipios de la zona Altos, como San Juan Chamula, San Juan Cancuc, Chenalhó y Mitontic, “y es lamentable decirlo”, agregó.
Pese a las acciones que han emprendido instituciones como las Fiscalías tanto en las ciudades como en los pueblos originarios, Encinos menciona que no se observa una disminución en los casos.
En la zona, la asociación tiene conocimiento de 7 casos más de parejas que rondan entre los 16 y 17, quienes, señalan, han decidido ya no asistir a los hospitales por miedo a que las autoridades les abran carpetas y terminen en la cárcel. “Y lo han dicho: Ya no quiero ir” agregó.
José Encinos explica que el caso que se dio a inicios de este 2026, provocó que las autoridades criminalizaran este fenómeno, sin embargo, hace falta llevar información y sensibilización a las comunidades, donde expertas han indicado que este tipo de matrimonios son una herencia cultural.
