Ante las recientes denuncias por el colectivo de Madres en Resistencia, quienes señalaron amenazas y agresiones por parte de elementos de la Policía Municipal en una intervención el pasado 7 de octubre; el secretario de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, David Hernández Pérez, aseguró que la intervención policial fue en cumplimiento de una orden de protección emitida por la propia Fiscalía del Estado, con el objetivo de resguardar la integridad física de las manifestantes, ante un conato de agresión de automovilistas molestos por el bloqueo de vialidades en la ciudad.
El funcionario señaló que el oficio de protección emitido por la Fiscalía, fue firmado por la fiscal del Ministerio Público, María Mercedes López Matías.
“Fue mi deber protegerlas y evitar un enfrentamiento. No fuimos a reprimir. Documentamos todo nuestro actuar y lo hicimos conforme a derecho”, afirmó.
El secretario relató que el operativo comenzó desde el 6 de octubre, cuando se reportaron los primeros bloqueos.
Indicó que durante la mañana del día 7, el tránsito vehicular se encontraba completamente colapsado y que conductores, transportistas y ambulancias exigían el libre tránsito por ser una vía principal que comunica con hospitales, escuelas y dependencias estatales.
“Yo tenía a miles de automovilistas molestos y cinco mujeres manifestándose. Les pedí de la forma más amable que se movieran, pero no accedieron. Mi deber era garantizar el derecho al libre tránsito y evitar que se generara un conato de violencia”, subrayó.
De acuerdo con el funcionario, ante la negativa de las manifestantes, ordenó la aplicación del protocolo de uso de la fuerza, que, según explicó, consistió únicamente en presencia, verbalización y control de contacto “no lesivo”.
Además, enfatizó que no hubo agresiones, detenciones ni decomisos de pertenencias, y que el objetivo era únicamente abrir el paso a los automovilistas.
“Las invitamos a colocarse en el camellón para evitar que hubiera una riña. No hubo golpes ni arrestos. En todo momento se respetaron sus derechos”, insistió.
Asimismo, puntualizó asumir la responsabilidad de la decisión tomada, destacando que actuó dentro del marco legal.
Responsabilidad y protocolos
Durante su declaración, el secretario mencionó que no consultó la decisión con el presidente municipal ni con el secretario de Seguridad Pública estatal, pues, dijo, el oficio de la Fiscalía le daba facultades para actuar de manera directa.
“El artículo 21 constitucional establece que el Ministerio Público da el mando a los policías y peritos. Fue un oficio de protección y debía cumplirlo. Mi deber era evitar que las madres sufrieran una agresión de terceros”, sostuvo.
Asimismo, reconoció que el caso generó una “percepción negativa” hacia la corporación y afirmó que pondrá su declaración a disposición de las instancias legales para que se investigue el procedimiento, aunque rechazó la posibilidad de renunciar al cargo.
