En un origen, señala la antropóloga Enriqueta Lerma, tanto Chicomuselo como Comalapa tuvieron la misma parroquia. Ambos municipios se ubican en una “frontera intermedia” que ha sido la menos investigada.
“Porque siempre que se habla de la frontera sur pareciera que se habla de La Selva o Tapachula”, indica la académica, quien ha desarrollado el término Chicomalapa para hablar de una de las zonas donde más se ha concentrado la violencia.
En ese contexto, la corriente de la iglesia promovida por Samuel Ruiz llega en 1972 con el propósito crear identidad y que varias décadas después impulsará movimientos organizados en contra de la minería y el crimen organizado.
Chicomalapa: identidad nacional desdibujada
Este territorio intermedio, explica Enriqueta Lerma, tiene una identidad nacional desdibujada por las propias políticas nacionales posrevolucionarias, que buscaron borrar la identidad indígena al “pensar que las personas de aquí no eran indígenas mexicanos” sino guatemaltecos.
Ha sido hasta años recientes que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ha tratado de hacer algunas monografías para entender el proceso histórico de esta zona, que, señala la académica, tiene un importante papel económico.
“Porque generalmente cuando se habla de la migración agrícola de guatemaltecos a Chiapas, casi siempre se habla del Soconusco, pero en realidad, la migración circular en Chicomuselo es constante, ya que la producción de frijol, de café, de limón y de otros productos depende de 30 mil guatemaltecos que emigran al estado” detalla la antropóloga.
Estos migrantes, quienes después regresan a su país de origen, viven en situaciones precarias. Enriqueta Lerma agrega que la llegada del crimen organizado a la zona repercutió en la migración.
Atrapados en la frontera
En su ponencia “Movilización posconciliar en el contexto del dominio del crimen organizado en la frontera Chiapas-Guatemala”, la socióloga explica que, a partir de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto instrumentó una serie de dispositivos para controlar la migración.
Entre estos dispositivos se encuentran los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, que en la frontera sur se encuentran alejados de los límites territoriales entre Chiapas y Guatemala. Estos, explica, son grandes edificios que concentran distintas instancias gubernamentales.
La académica expone que ese espacio entre el limite territorial y los Centros de Atención, es un escenario donde “todo está permitido” y en el que las mujeres migrantes suelen sufrir las violencias sexuales a su paso.
Para Enriqueta Lerma, ese espacio se ha desarrollado con la intención de que ciudades turísticas como Comitán y San Cristóbal sean protegidas de las violencias que se vive en la frontera.
Iglesia
A ese espacio, en 1972 una serie de párrocos impulsados por Samuel Ruiz llegan en mulas sin saber a lo que se enfrentan. Estos jóvenes sacerdotes, narra el investigador Mauricio Soto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), buscan que los habitantes se sientan parte de la iglesia, por lo que hacen visitas domiciliarias para escuchar las problemáticas y, con sus recursos, intentar solucionarlas.
Poco a poco, indica el investigador, la comunidad empieza a ver al templo como un espacio organizado, en el que se tienen encuentros de festividad y amistad, y en un esfuerzo comunitario, reconstruyen el templo. Mediante experiencias sensibles como la música y el teatro los pobladores entendieron la fe de manera distinta.
Este esfuerzo hizo que años después, en 2018 existiera un movimiento articulado en resistencia a los proyectos extractivistas, con la necesidad de defender su territorio. Enriqueta Lerma señala que entre 2012 y 2015 la lucha fue contra la Blackfire Exploration.
En ese momento, los sacerdotes y catequistas realizaban encuentros para la concientización social, así como talleres jurídicos y formación de derechos humanos. Esto se hizo con apoyo de la diócesis de San Cristóbal y entre las figuras se encuentra el padre Marcelo Pérez y el párroco Eleazar Juárez, por quien ofrecían un millón de pesos a quien lo asesinara.
2023, uno de los años más violentos
Enrique Lerma afirma que para entender cómo el crimen organizado penetró en el tejido social de Chiapas es importante entender a las organizaciones campesinas, que en un inicio también fueron impulsadas por la diócesis de San Cristóbal, buscando crear cajas de ahorro para los trabajadores. Es así como en 1982 nace la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) que, a lo largo de los años, y a causa de los propios gobiernos, se va dividiendo.
La socióloga explicó que la migración guatemalteca funcionaba a través de las organizaciones. “Por ejemplo la OCEZ les decía a los ejidatarios: ¿Cuántos trabajadores necesitas?” Ellos los traían y cobraban una cuota.
Es así que cuando hubo un confinamiento obligado en Guatemala y se cerró la frontera, hubo un quiebre importante en la región, según indica Enriqueta Lerma, quien agrega que algunas organizaciones querían seguir con la migración mientras que otros grupos criminales no estuvieron de acuerdo, lo que creó una división.
El crimen organizado, señala Lerma, coptó a las organizaciones sociales, a quienes se les indicó que ya no se les pagaría cuota a los municipios, sino a las estructuras criminales.
Ante este panorama, expone Mauricio Soto, los pobladores de la zona, quienes habían defendido por tantos años su territorio, se ven obligados a agarrar sus cosas e irse. Soto explica que los actos de defensa empezaron a ser más prudentes, utilizando el silencio como práctica política.
Por su parte, la diócesis de San Cristóbal realizó distintos protocolos dirigidos a las comunidades y a las familias en caso de que algún comando armado entrara a sus poblados. En ese sentido, mencionaron la marcha de 2024 en la que participaron la tres diócesis más grandes del estado: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula.
Aún en la actualidad, señala Enriqueta Lerma, la Iglesia Católica es vista como una enemiga por el crimen organizado, que mantiene vigilancia en los cultos.
