Finalmente dejará de funcionar el tapachultecobus, un proyecto que duró 11 años en servicio y que en su momento ocupó páginas nacionales porque utilizaría biodiésel como combustible. Fue conformado por una sociedad entre la administración estatal y el Sistema de Transporte Urbano de Tapachula S.A. de C.V, en el que la corrupción de administraciones anteriores, abandono de las unidades y la invasión de rutas provocaron que descendiera el número de usuarios.
Este jueves 19 de agosto, en un evento privado con presencia de notario público, socios y el Consejo de Administración encabezado por Emilio Orduña Morga, así como autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, representada por su titular Aquiles Espinosa García, tuvieron su última asamblea en el que el principal punto fue la disolución de la sociedad anónima de capital variable.
Desde la disolución del Conejobus en Tuxtla Gutiérrez se sabía que el tapachultecobus seguiría la misma suerte; se previó que fuera a inicios de agosto cuando las 11 deterioradas unidades dejaran de funcionar, pues se dijo que sólo transportaban cinco mil pasajeros diarios, estadísticas muy bajas en comparación con los 20 mil que lo utilizaban hasta antes de la pandemia; sin embargo, a decir de los socios, requerían de 35 mil usuarios diarios para cubrir los gastos.
Con la junta de socios y directivos, autoridades y fedatario se consolidó la desaparición del Tapachulteco, que cubría las rutas Laureles 1 y Rastro. Se dijo que serían 49 colectivos los que sustituirían a las 11 deterioradas unidades que aún continuaban rodando; también que la empresa no desaparece por quiebra, sino por disolución tras el acuerdo, toda vez que que se perdió el objetivo social del proyecto de brindar seguridad y comodidad a los usuarios.
Con los colectivos tradicionales, los transportistas concesionados brindarán el mismo servicio con los mismos trayectos y paraderos en horarios similares que tienen en la actualidad los Tapachultecos.
De acuerdo a la información, los camiones del Tapachultecobus serán recogidos por el gobierno, toda vez que forman parte de un fideicomiso. Sólo quedará el recuerdo de lo que un día fue modernidad con unidades climatizadas, con tarjeta de prepago, choferes capacitados y certificados, pero también la corrupción que esto generó en gobiernos estatales pasados en los que estuvieron inmersos funcionarios y transportistas.
