Mireya Quintos Martínez, directora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación (ANG), informó que Chiapas mantiene complejidades como la conflictividad social de los municipios o la falta de presupuesto para la aplicación de la Ley Nacional de Archivos.
Quintos Martínez dijo que es necesario un diagnóstico que determine la situación presupuestaria y social en la que se encuentran los municipios, con el fin de cumplir los dos propósitos de la ley.
Además, advirtió que el Congreso del Estado tiene un periodo de un año para homologar dicha Ley Nacional a una Estatal, asimismo implementar un Sistema y Consejo Local que observe el cumplimiento de dicha legislación.
Mencionó que es un esfuerzo valioso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), del AGN y de Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas (IAIP) para llevar una jornada de dos días de capacitación y aprendizaje de lo que se hará con la nueva Ley General de Archivos.
Explicó que esta nueva ley tiene dos beneficios: la primera es la facilitación de documentos por exigencia del derecho a la rendición de cuentas y la otra será el rescate de la memoria histórica de los municipios y del estado.
“Se beneficia en la parte administrativa, que es la información que se está generando con el fin de atender la rendición de cuentas y transparencia ordenada. Por otra parte, está la recuperación de la memoria historia, que está en los municipios y del cual no podemos entrar fácilmente, pero que no cuentan con los recursos para resguardar su información”, dijo.
Ante ello, la funcionaria comentó que para el Archivo General se presenta un gran reto en Chiapas, ya que mantiene una orografía, geografía e idiomas diversos que en otras entidades, por lo que serán variables para tomar en cuenta tanto la organización como la recuperación de documentos.
“Muchos municipios no cuentan con los recursos para resguardar la información, por ello se podrían concentrar en el Archivo General del Estado o por regiones, depende de las dimensiones del estado y la estrategia que se implementara para recuperarlas”, dijo.
Quintos Martínez recordó que los municipios son libres y soberanos, por lo que sus archivos son resguardados con recelo, por tanto hay que tener una estrategia de diálogo que beneficie al estado.
“En los municipios no existe el recurso que se necesita para resguardar los archivos, se quedan rebasados, hay que evaluarlos y tomar la mejor decisión. Van haber muchos que sí puedan lograrlo, pero en algunos municipios las necesidades son otras”, comentó.
En su caso, también dijo que sería la propia ciudadanía organizada la que podría tomar la batuta de organizar y administrar sus propios archivos, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios para su preservación.
Por último, dijo que el Congreso tendrá que dar cumplimiento a la ley y será vital que se instale un Sistema y Consejo Local de Archivos que pueda estar integrado por los tres poderes, el Archivo General del Estado, la universidad, órdenes garantes e inclusive fiscalías.
