Autoridades locales a través de la policía municipal y funcionarios locales, desacatan el mandamiento federal del amparo promovido por tablajeros que les permite hacer uso de las instalaciones del rastro municipal.
Han pasado 30 días desde que por intereses de un grupo de matanceros, se suspendieron las actividades en el inmueble que presuntamente han empezado a saquear.
Tras la suspensión irregular del rastro municipal de Tapachula, un juez federal concedió un amparo promovido por la Cooperativa de Consumo Tablajeros la Unión S.C. de R.L. de C.V., empresa comodataria de dicho inmueble, por lo que ordenó a las dependencias involucradas, que de inmediato le fuera entregado el inmueble a la comodataria.
Sin embargó, el ayuntamiento a través de distintas dependencias y gentes de la comuna que tienen intereses personales y desconocimiento del tema, se han negado a acatar la resolución a pesar del conocimiento pleno de que caen en irregularidades y responsabilidades legales.
Sobre este hecho, los trabajadores del rastro municipal que llevan varias semanas sin laborar, acusaron al titular de Servicios Públicos, Enrique Mota Imatzú, así como al director de gobierno municipal, Marco Viaña, quienes de manera arrogante se negaron a cruzar palabra con los abogados y mucho menos con el apoderado legal de la empresa comodataria del Rastro y poner fin a esta problemática.
A pesar de que el inmueble supuestamente permanecía cerrado para cualquier persona, al momento de la diligencia realizada el viernes 26 de abril y de la cual dio fe una notario público, al interior del inmueble se encontraba personal del Ayuntamiento de Tapachula, además de vehículos particulares y un camión de volteo cargado y tapado con lona, por lo cual se desconoce qué es lo que transportaba o sacaba del rastro.
Ayer, ni el presidente municipal Óscar Gurría, ni sus esbirros se presentaron al lugar para hacer entrega del inmueble, y se tiene conocimiento de que ya ha sido desmantelado, por lo que se levantó el acta correspondiente, para que en el momento en que permitan la entrada, de inmediato se realice el inventario y deslindar responsabilidades, pues “al interior del inmueble no debería haber pasado ninguna persona”.
