Seis familias evangélicas desplazadas de la comunidad de Lázaro Cárdenas Chilil, municipio de Huixtán, denunciaron que las autoridades estatales no han cumplido con el pago de la renta de la casa en que están refugiadas, desde que fueron corridas de su localidad.
Los representantes de las 34 personas dijeron en rueda de prensa, que desde hace siete meses, las autoridades no han pagado la renta, por lo que la dueña de la casa les está pidiendo que la desalojen.
“Lo que queremos es que el gobierno nos escuche porque ya son varios años que hemos estado aquí, pero no nos ha cumplido lo que nos ha prometido”, dijo Elsa Gabriela Vázquez Ikó.
Luego de ser expulsados de su comunidad por profesar la religión evangélica, las seis familias fueron alojadas en una casa que renta el gobierno estatal, mientras se crean las condiciones para su retorno, lo que no ha sido posible hasta la fecha.
“Hacemos pública la falta de atención y de respuesta del gobierno estatal y de las autoridades municipales de Huixtán, pues fuimos desplazados por motivos religiosos”, agregó.
Dijo que en 2017 y 2018 el gobierno estatal ha retrasado los pagos a la propietaria de la vivienda que se ubica en el barrio de María Auxiliadora. No le han pagado la renta desde hace 7 meses y tampoco hemos recibido el apoyo humanitario que semanalmente nos entregaban”.
“Nosotros no estamos aquí por gusto, sino por la falta de tolerancia de la comunidad de donde somos originarios, pues no nos dejan tener la religión que mejor nos parezca; según la Constitución no nos pueden obligar a cooperar ni a tener otra religión”, expresó.
Advirtió que si las autoridades no cumplen con el pago de la renta de la vivienda en la que están refugiados, tomarán otras acciones para que se garantice su derecho. “Lo que queremos es que el gobierno cumpla”.
