El desplazamiento forzado en la entidad “no es un fenómeno aislado ni temporal, sino una crisis sostenida en el tiempo”, aseguraron organismos civiles, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
En el segundo informe: “Chiapas, la paz pendiente”, añadieron que “aun cuando algunas familias han regresado a sus comunidades, lo hacen en condiciones de inseguridad, lo que genera dinámicas de riesgo que pueden derivar, a la fecha, en situaciones de desplazamiento intermitente”, por lo que “en estos casos, el retorno no representa una solución duradera, sino una fase más dentro de un ciclo continuo de expulsión, retorno precario y posible nuevo desplazamiento”.
Dijeron que la documentación recopilada muestra que en 2025, la región Sierra Frontera (RSF) del estado continuó enfrentando la persistencia de distintos hechos de violencia, en particular Desaparición Forzada y Desplazamiento Interno (DFI).
Recordaron que “a finales del 2024 los niveles de violencia en Chiapas se habían incrementado en igual medida que la percepción de inseguridad y no había acciones claras ni efectivas desde las autoridades, mientras la sociedad pedía un cambio. Esta situación, sobre todo, tenía que ver con los actos de violencia que sucedían producto de la disputa por el control territorial por parte de la delincuencia organizada en zonas fronterizas, provocando con ello el desplazamiento de cientos de personas”.
El documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera, integrado por el Frayba, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, la agrupación denominada Movilidades Libres y Elegidas, Voces Mesoamericanas y Servicios y Asesoría para la Paz, con el acompañamiento del Servicio Internacional por la Paz (Sipaz) y de la organización sueca llamada SweFOR.
Explicaron que “el informe comprende del 7 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 y tiene por finalidad documentar y analizar la evolución de la violencia y de las violaciones a derechos humanos en las regiones sierra y frontera, en el contexto del cambio de gobierno, al tiempo de precisar que el documento “constituye la segunda entrega integral del grupo de trabajo, en continuidad con el informe previo que abarcó los años del 2021 al 2023”.
Señalaron que “durante 2024, el Grupo de Trabajo desarrolló actualizaciones trimestrales sobre la situación en la región y llevó a cabo una encuesta dirigida a familias desplazadas”.
