"La toma de las tribunas del Senado y la Cámara de Diputados por parte de legisladores del FAP, así como el acoso a sus instalaciones por las brigadas de Andrés Manuel López Obrador son otro episodio más de una profecía autocumplida: las instituciones no funcionan como yo quiero, hay que mandarlas al diablo, y si funcionan también, porque no lo hacen como 'Yo quiero'.
En esto se resume la farsa que los legisladores del FAP afines a AMLO han protagonizado en ambas cámaras del Congreso. Pero es algo más que una farsa. Es también un nuevo rapto de una institución conformada en su pluralidad por el voto de los electores. No olvidemos que el cuestionamiento en falso de los comicios federales del 2006 sólo se enderezó contra un supuesto fraude en la elección presidencial y, muy a modo, puso aparte la legislativa.
Los mismos diputados y senadores ""legítimos"" que emergieron de una elección ""espuria"", según ellos mismos la califican, y que cobran su sueldo y actúan en su función legislativa, se aduenan ilegal e ilegítimamente del Congreso cuando su capacidad deliberativa es rebasada por el marco democrático alcanzado por las instituciones, así sea éste precario e imperfecto.
Quienes han actuado de este modo niegan con su proceder varios de los fundamentos de la democracia. Primero, insultan a los electores que decidieron la composición plural del Congreso. Segundo, desconocen que el único ente autorizado por las reglas democráticamente pactadas por todos (incluidos ellos, cuando les conviene), para emitir leyes de observancia general y obligatoria es el Poder Legislativo. Tercero, apelan a una movilización, supuestamente pacífica pero fundada en la violencia contra las instituciones republicanas que se ha conseguido construir arduamente y con su propia participación. Cuarto, anticipan la imposición unilateral de su voluntad, pues la única decisión pública legítima que están dispuestos a aceptar es la suya, con independencia de lo que resulte del diálogo dentro o fuera del Congreso.
De ahí que el ""llamado"" del FAP a que se lleve a efecto un debate nacional prolongado sobre el problema energético, debate que, por lo demás, viene ocurriendo desde hace mucho, es una medida de distracción de la verdadera finalidad que se persigue, que es descarrilar el proceso político para que, cuando ya no quede piedra sobre piedra, sea entronizado un salvador de la patria, el nuevo López de la historia.
La premisa sobre la que se edifica el discurso rupturista con la democracia es la especie de la ilegitimidad de las instituciones. Esa premisa es falsa.
El acuerdo político nacional sobre el que transcurrió la transición democrática fue la de realizar una transformación democrática de las instituciones a partir de las reglas institucionales mismas. Prácticamente nadie que sea política o intelectualmente relevante, ha dicho que las instituciones son impolutas o que funcionan de modo idóneo. Por el contrario, en mayor o menor grado todos han senalado que las instituciones requieren reformas más o menos profundas, en un sentido o en otro. Es cierto que la organización del debate y la concurrencia de los actores que cuentan políticamente no han confluido con la profundidad y solvencia necesaria que se requiere para acometer la reforma institucional del Estado. De ahí la parálisis.
Pero algo muy distinto es reconocer esta carencia y promover enfoques alternativos para superarla que dar la espalda al proceso político de construcción de un nuevo status quo en el que se ha embarcado el país. Algo muy distinto a eso es patear el tablero porque se va perdiendo en el juego, con el resultado previsible, además, de que por este proceder se perderá aún más.
La conducción que López Obrador efectúa sobre este proceso ha descubierto, si bien sólo pragmáticamente, el eslabón más débil en que se origina el estancamiento del proceso de cambio institucional. Basándose en un disimulo implícito, todos los partidos actúan como si fuera mejor conservar lo ganado en el nuevo status quo del pluralismo con gobierno dividido, que llevar hasta sus consecuencias necesarias y pertinentes el proceso de consolidación democrática. PAN, PRI y PRD, cada uno a su manera, han caído en un pacto implícito de inmovilidad. Gracias a él conservan sus espacios conquistados: zonas geográficas, áreas de la administración pública o de los poderes del Estado, posiciones en los medios, etc.
Pero el precio de este pacto de inmovilidad es el golpeo de las nuevas instituciones, como las electorales, porque ese es el costo que se tiene que pagar para mantener los precarios equilibrios que se pueden conseguir en el vetusto régimen de gobierno y de Estado.
De ahí que iniciativas como la del Ejecutivo en materia de energía, que contienen una explosiva carga simbólica, política y jurídica sean catalizadoras de la polarización que se organiza sobre la decisión de no cambiar el orden vigente. Algo semejante ocurrió con la reforma fiscal y ocurriría si se propusiera una reforma laboral o una educativa.
La evidencia indica que lo que puede aprobarse en el Congreso sin ser vetado por alguno de los actores en equilibrio precario está destinado a ser meramente cosmético o lo suficientemente superficial como para que sea aceptado por no tocar ninguna fibra demasiado sensible de alguno de los tres grandes.
En este grave escenario de captura de los recintos del Congreso es necesario que se imponga la razón y el diálogo; que se restablezca la capacidad de interlocución y, sobre todo, que se recapacite en la imprescindible recuperación de las reglas fundamentales de la democracia que al final de cuentas, si de veras se busca el cambio pacífico, desembocan en las decisiones mayoritarias en las urnas y el Congreso, únicas decisiones públicas que pueden reclamarse legítimas.
[email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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