La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en favor de cuatro mujeres indígenas privadas de la libertad en Chiapas, al advertir violaciones graves, por lo que también decidió atraer la investigación.
El organismo federal destacó que las acciones fueron dirigidas hacia las autoridades estatales, con el propósito de salvaguardar la integridad física y psicológica de las agraviadas que se encuentran recluidas en diferentes centros penitenciarios.
La CNDH recordó que, luego que el pasado 15 de junio se informara del desmantelamiento de una red de trata de personas (en el que se rescató a 23 niñas, niños y adolescentes y que se logró la detención de varias mujeres indígenas), en un análisis preliminar la institución advirtió que existen violaciones graves a los derechos de las mujeres, por lo que ejerció su facultad de atracción e inició un expediente de queja.
Las medidas cautelares se emitieron en favor de Juana Montejo González, María Hortensia Gómez Sánchez y Maribel Gómez Sántiz, internas en el Centro de Reinserción Social No. 14 “El Amate”, así como a Josefa Sánchez Gómez, detenida en el Centro de Reinserción Social No. 5, de San Cristóbal de Las Casas.
El organismo solicitó a las autoridades estatales garantizar los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, alimentación, salud, integridad personal y psicológica, seguridad jurídica, debido proceso y presunción de inocencia; así como el respeto de sus especificidades culturales; prohibir su incomunicación, evitar actos de intimidación y tortura.
Exigencia
Cabe señalar, la Colectiva Cereza exigió la libertad de Hortencia, Maribel, Juanita y Josefa, ya que fueron señaladas de integrar una red de trata de personas que según estuvo vinculada a la desaparición del niño Dylan, días después de haber aparecido el pasado 14 de agosto.
La Colectiva añadió que las cuatro mujeres fueron acusadas de trata por explotación laboral de niños y niñas; quienes eran sus hijos y mencionaron en entrevistas posteriores que eran de Ixtapa y tuvieron que migrar a San Cristóbal de Las Casas y compartir una casa para poder incrementar sus ingresos.
Además, este caso costó la vida de Adolfo, padre de Hortencia, Maribel y Juanita y esposo de Josefa, quien se suicidó en el Cerss No.5, ya que reos le pedían 50 mil pesos por protección.
