Por ley todas las empresas deben destinar una inversión a la salud ocupacional, mediante equipos de protección, herramientas, señalética y demás, pero no todas lo hacen; en muchos casos buscan lagunas legales o ambigüedades para ahorrarse unos pesos.
Gerardo Velázquez Hernández, médico cirujano, maestro en ciencias, doctor en medicina osteopática, con experiencia en medicina del trabajo, señaló que en todos los puestos de trabajo las personas se exponen a determinados riesgos.
Por eso es importante que se siga actualizando la lista de enfermedades de trabajo cada año, al igual que la Tabla de Valuación de Incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, tal como lo hicieron recientemente los legisladores federales.
Uno de los compromisos del patrón, establecido en el artículo 123 de la Constitución Política, es garantizar un entorno saludable y favorable que facilite la labor de sus trabajadores. Están obligados a aplicar las Normas Oficiales, enfocadas a la prevención de riesgos.
Sin embargo, señala también que el trabajador tiene la obligación de apegarse a esos controles de seguridad, es decir, que la prevención es compartida. “Todo accidente es prevenible, siempre que ambos hagan lo que les corresponde”.
En su experiencia ha encontrado casos en los que la empresa aplica las medidas de seguridad necesarias, pero los trabajadores no las acatan; también en la que ellos son quienes piden condiciones óptimas y el patrón no los atiende.
Los riesgos a los que se expone un trabajador dependen directamente de su actividad, sea oficinista, laboratorista, cargador, repartidor, soldador, entre otros; por lo tanto, los equipos y las medidas de seguridad deben ser acordes a eso, de lo cual se encarga un especialista.
“Las empresas que tienen menos de 100 trabajadores deben tener las medidas de seguridad que las normas establecen, pero si pasan de esa cantidad están obligadas a tener un consultorio médico, por eso muchas manejan contratos cortos o subcontratación, para no invertir”.
Desafortunadamente las instituciones no se dan abasto para verificar a todas las empresas que existen, considerando también el nivel de informalidad que registra Chiapas, por ejemplo, de los más altos del país.
