Adolfo Abosaid/Cp
Debido a que varios municipios de la entidad carecen de buena infraestructura de conexión a internet, las empresas locales no están preparadas para recibir las nuevas disposiciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) con las facturas electrónicas 3.3 que entrarán en vigor en 2018, consideró Jesús Alfonso Ramírez Aguilar, presidente del Capítulo Chiapas de la Academia de Derecho Fiscal.
En entrevista, explicó que esta nueva disposición viene a innovar en temas de fiscalización, porque las autoridades están recabando todos los datos necesarios para que hagan sus funciones con mayor facilidad, a través de dispositivos electrónicos; pero también, para que la población cumpla con sus obligaciones fiscales.
Calculó que, entre un 60 y 70 por ciento de los contribuyentes que están en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), no cuentan ni siquiera con un inventario de sus los productos que tienen y, para acceder a las nuevas facturas, deberían tenerlo.
Ramírez Aguilar recordó que antes emitir facturas era una actividad muy sencilla que realizaba cualquier persona, porque no se requería de mayor capacitación o conocimiento del tema.
Mencionó que a partir del 2005 las autoridades implementaron el comprobante fiscal digital; otras modificaciones llegaron en el 2011, cuando la factura ya pasaba por una validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Consideró que esta medida tomada por el SAT es buena, sin embargo, uno de los principales problemas de México, es que los empresarios tienen poca preparación sobre estos temas o innovaciones tecnológicas.
Ante el cuestionamiento realizado respecto a si estas nuevas medidas de fiscalización no desalentarían la creación de nuevas empresas, opinó que los emprendedores siempre están asumiendo riesgos, no obstante, ahora un comprobante que antes era un elemento de las contribuciones, se vuelve un eje rector en toda la recaudación.
Otras de las desventajas, puntualizó, es que si el comprobante fiscal digital no reúne los requisitos que establece las disposiciones fiscales, se vuelve un documento que no se puede deducir fiscalmente ni tampoco se podrá acreditar el IVA, lo que puede traer como consecuencia el pago de más contribuciones.
El presidente del Capítulo Chiapas de la Academia de Derecho Fiscal, precisó que también hay sanciones administrativas para aquellas personas que no cumplan con estas disposiciones, las cuales oscilan entre los 13 y 70 mil pesos.
Una de las soluciones que hay para este tema, dijo, es que los empresarios locales acudan a las pláticas que realizan las autoridades, pero también deben recibir asesorías o capacitación.
