El crimen organizado es inexplicable sin complicidad desde los círculos políticos, dijo el presidente Felipe Calderón. Tiene razón. No basta con corromper policías para garantizar la libertad de delinquir. Por eso resulta también inexplicable que ese grave problema no esté acompañado de juicios penales abiertos en contra de los funcionarios implicados.
La justicia ha dejado a deber en el esclarecimiento de los vínculos entre políticos y criminales. El emblemático caso del Michoacanazo -espectacular operativo en territorio gobernado por el PRD- es prueba de ello. Al cabo de los meses fueron liberados casi todos los inculpados.
La excepción del Michoacanazo, para fortuna del gobierno federal, reavivó la lucha. Julio César Godoy Toscano, diputado con fuero, es legalmente inocente, pero nunca desmintió las grabaciones en las que conversa afablemente con un capo del narcotráfico. En dicho audio, La Tuta, líder de La Familia michoacana, le garantizó al entonces candidato que sería el ganador de las elecciones del 4 de julio, y así fue.
Muy poco se ha hecho para limpiar de corrupción a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero se puede hacer algo para prevenir esa intromisión en primer lugar. ¿Cómo? Interceptando la narcopolítica desde su origen: las elecciones.
A partir de ahí resulta pertinente que el gobierno federal, por medio de la Procuraduría General de la República, haya hecho explícito que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tomará un papel protagónico para evitar que el dinero de las mafias llegue a las campañas, a los candidatos y a los partidos políticos.
Hasta ahora la Fepade había sido gris e incluso inocua en su función. No se conoce un solo expediente que pruebe la financiación criminal de una campaña, pese a que la lógica dicta lo contrario.
Acertó el presidente Calderón ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al decir que hoy no es el Estado a nivel nacional el que restringe la libertad, sino el problema endémico de la delincuencia organizada. Es verdad, los criminales son el enemigo a vencer, y para derrotarlos hay que cortar sus conexiones con el poder público.
Es un inicio comprometer a la Fepade a investigar y llevar a juicio a los corruptos y los corruptores. Habrá que esperar que esa voluntad política se refleje en capacidad probatoria, tan maltrecha hoy día. (El Universal)
