Hasta 300 funcionarios inhabilitados por parte de la Secretaría de la Función Pública

Hasta 300 personas resultaron inhabilitadas durante 2016 por parte de la Secretaría de la Función Pública, al realizar una revisión en los 78 órganos administrativos que conforman el Poder Ejecutivo en el estado, informó recientemente su titular, Miguel Agustín López Camacho.

El secretario de la Función Pública destacó que esta es la primera vez en la historia de Chiapas que una administración actúa con tal “celeridad”, pues si bien anteriormente hubo casos de sanción, eran más en los que no se sancionaba.

Según refirió López Camacho, la mayor parte de los casos se dieron en las secretarías de Educación, Salud, Seguridad Pública, Campo y Hacienda, que son las que más recursos manejan.

Esto porque, según detalló el funcionario, en la medida en que hay más presupuesto asignado, se presentan más irregularidades y por consiguiente, es en esas dependencias donde mayor presencia tienen como órgano de control.

Cabe mencionar que la penalización es de acuerdo a la falta y, consiste fundamentalmente en la inhabilitación -situación que no implica daño patrimonial pero sí inoperancia-, ésta puede ir desde los dos meses hasta los 10 años.

La Secretaría de la Función Pública está presente en más espacios de la administración pública con el propósito de evaluar el desempeño de los funcionarios y ver si lo han desarrollado con responsabilidad o irregularidades.

La mayoría de las irregularidades se relacionan con el endeudamiento de la dependencia donde labora el funcionario o más directamente al gobierno, incurren en endeudamiento irresponsable porque no llevan un control de los créditos y gastan sin medidas.

Como órgano de control tienen una competencia más amplia al indagar cómo se maneja el recurso y cómo actúan los servidores públicos. Cuando detectan anomalías imponen sanciones administrativas y cuando consideran que ha habido un daño patrimonial importante se canaliza. Cabe mencionar que según señaló el secretario de la Función Pública, el daño patrimonial detectado ya ha sido restituido.