La ceremonia oficial del informe presidencial, entendida como el ritual con el que el vértice del poder político en México se dirigía a la nación una vez al ano, al inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, es obsoleta. Nunca ha representado un ejercicio efectivo de rendición de cuentas ni un diálogo respetuoso y de nivel entre dos poderes. Tenemos que encontrar cambios, no sólo en las formas de interlocución política durante ese encuentro, sino modificaciones de fondo entre gobernantes y gobernados.
Así como hubo tiempos en los que el informe duraba horas, llegaron otros en los que comenzó a perder sentido conforme su parafernalia hueca fue rebasada por la creciente pluralidad de las cámaras. Las interpelaciones se hicieron comunes.
El acto simbólico de interrumpir al mandatario pasó del arrojo ante Miguel de la Madrid a la chacota. En el informe del ano pasado la polarización social producto de las elecciones del 2 de julio llevó a la ceremonia al extremo de la inoperancia. El rito tocó fondo, pero sin existir nada que lo reemplace o que lo declare formalmente muerto.
Por eso es importante el análisis que hacen actualmente el Poder Legislativo y el Ejecutivo sobre las posibles alternativas en el formato de la ceremonia del 1 de septiembre, donde el presidente Felipe Calderón entregará su primer informe de labores. Se deben sopesar las nuevas realidades de la relación entre los poderes de la Unión y novedosas formas de difusión de la obra de gobierno, que no sólo queden en el ámbito de los diputados y senadores, sino que permeen en el debate nacional, de cara a los ciudadanos.
El análisis debe tomar en cuenta todas las posibilidades que la Constitución de la República contempla y que el reglamento interno de la Cámara permita. Ha de hacerse pensando en la consolidación de un evento republicano, de verdadero intercambio, en el que se eluda la estridencia y el circo. Hay un mandato constitucional de rendición de cuentas que es preciso cumplir, aun cuando sus modalidades puedan ser flexibles. Sería deseable establecerlas en el marco de la reforma del Estado en discusión, con una mira común: el respeto mutuo y la civilidad.
Después de su aparición viene, por ley, la glosa del mismo. En ese marco es de resaltar que el informe no lo hace sólo el Presidente. El desfile de secretarios de Estado es para explicar los alcances del documento. Tal formato también puede ser enriquecido. Se podría analizar si el legislador puede hacer mociones al trabajo de los encargados de despacho, para beneficio público, no político.
Lo importante de todo esto no es que partidos y gobierno jueguen a las vencidas con un instrumento que el Constituyente pensó, en su momento, como la mejor forma de que el Ejecutivo expusiera anualmente el estado que guardaba la administración. Ahora lo vital es que la ciudadanía entienda los alcances de la obra de gobierno.
Urgen acuerdos en la materia, porque más allá de filias y fobias partidistas nadie tiene derecho a regatearle a la sociedad su derecho a estar informada. (El Universal).
