Al igual que Estados Unidos cuando declara la guerra al terrorismo, el gobierno de México ha iniciado una lucha prolongada, enderezada, no sin razón, a buscar la derrota del crimen organizado. Las similitudes se multiplican.
En ambos casos, la libertad, concebida como el valor supremo de la vida política, queda opacada por las exigencias de tinte autoritario asociadas a un combate interminable por carecer de los medios y controles que lo pudiesen finiquitar.
Se aplazan demandas ciudadanas de libertad por el imperativo de centrar prioridades y presupuestos en desplegar las armaduras de la lucha al terrorismo o al crimen. En cierto sentido, las aspiraciones emancipadoras quedan sujetas a que se ganen antes guerras sin vías de escape, ni plazos que puedan satisfacerse con certeza.
Quiérase o no, el narcotráfico constituye ya un fenómeno adscrito a la globalización que escapa al control de políticas de alcance puramente nacional. El grueso de la demanda se localiza allende nuestras fronteras y buena parte de la producción o de los insumos que hacen posible su manufactura y tráfico proceden también de fuera. El país, en alguna medida, es eslabón de una cadena transnacional altamente redituable. En contraste, la cooperación internacional anticrimen está llena de contradicciones y estrategias disímbolas. Las presiones sobre los países productores primarios de narcóticos son recias y múltiples, mientras los esfuerzos por combatir el consumo en los principales mercados son, en el mejor de los casos, bastante tibios.
Vistos cínicamente, crimen organizado, narcotráfico e impunidad constituyen mecanismos delictivos de redistribución del ingreso que suelen florecer ante estados debilitados por sistemas sociales que renuncian a la provisión de suficientes empleos, que celebran y premian el éxito personal en cualquier mercado y toleran altas concentraciones de riqueza e ingresos. Aquí, sólo porcentajes minúsculos de los delitos son denunciados, aún menos son los que se investigan y castigan dentro de un clima generalizado de impunidad, en el que la justicia favorece a quienes son capaces de financiar procesos judiciales costosos.
En México, el 10% de la población con las rentas más altas toman para sí alrededor de 40% del producto. En contraste, el 10% más pobre percibe apenas algo más de 1%. Cada ano emigran 400 mil ciudadanos carentes de empleo. El sector informal absorbe 30% o más de la fuerza de trabajo en actividades de bajísima productividad y carentes de toda protección social. De los 70 a la fecha, los salarios mínimos reales se han deteriorado más de 60% y los contractuales alrededor de 25%. En semejantes condiciones, el movimiento obrero ha perdido peso político, el mercado laboral yace en escombros y crece el desencanto con nuestro tipo de democracia. No es entonces de extranar que sean enormes los alicientes para enganchar ciudadanos en actividades ilícitas, como medio tanto de sobrevivir como de medrar. Y que esos estímulos perversos redoblan su eficacia cuando el país queda inmerso en la terrible depresión económica que comienza a vivirse.
El gasto total en seguridad -incluidos los presupuestos de las secretarías de Defensa, de Marina, y de Seguridad Pública y de la PGR- y las aportaciones a la seguridad de las entidades federativas han venido creciendo sustancialmente en los últimos anos. Ya casi llegan a 19% del gasto público federal -cuando tenían 13% en 2001- y a más de 50% de la formación de capital del propio sector público. En algún sentido los esfuerzos por garantizar el estado de derecho frente al crimen comienzan a contraponerse con la política de formación de capital público y empleo, en parte porque perdura la ideología del equilibrio presupuestal, aun en tiempos de depresión económica. En esos tiempos, las erogaciones y la inversión gubernamentales no desplazan el gasto privado; sustituyen su ausencia con beneficios económicos innegables.
*Analista político.
