Aún existen expedientes en proceso de ejecutarse en contra de aquellos presidentes y expresidente municipales que no han cumplido con su Cuenta Pública ante el Organo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), sin que esto signifique una “cacería de brujas”, aseguró en entrevista el auditor Superior del Estado de Chiapas, Alejandro Culebro Galván.
Advirtió cero tolerancia contra aquellos alcaldes incumplidos a quienes se les aplicará la ley, “hay que dejarlo muy claro, esto no tiene nada que ver ni con una cacería de brujas, ni con tratar de hacer castigos ejemplares, ni con tintes políticos en lo absoluto”.
Dijo que respecto a la Cuenta Pública 2015, se auditaron a los 122 municipios de la entidad y derivado de ello se entregó un informe al Congreso del Estado, por lo que a partir de ahí los ediles cuentan con 45 días para solventar las observaciones, sin embargo, algunos no pudieron comprobar el destino de los recursos.
“Al final no pudieron comprobar las observaciones del Órgano de Fiscalización a sus administraciones y tuvieron incluso la oportunidad de la audiencia de ley, sin embargo, tampoco ahí pudieron solventar el destino de los recurso”, destacó.
Culebro Galván reconoció la labor y acompañamiento del Ejecutivo estatal a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado al cumplimentarse las denuncias realizadas por el Órgano de Fiscalización lo que permitió la detención de los exalcaldes.
Precisó que existen expedientes abiertos, algunos más en proceso de solventación y otros a los que ya se les venció el plazo para que los expresidentes y presidentes municipales puedan realizar las comprobaciones correspondientes, “no se trata de una cacería de brujas, se trata de aplicar la ley y vivir en un estado de derecho”.
El auditor Superior del Estado de Chiapas fue entrevistado durante el Foro Empresarial Anticorrupción, organizado por la Coparmex Tuxtla que se desarrolló en el Auditorio de Los Constituyentes de la Unach.
Sobre ese tema, dijo que se encuentra todo listo para la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción, prioridad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
