Justicia con perspectiva en un Chiapas indómito

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, presentó en Tenejapa la “Ley Petrona, justicia para las mujeres”. CP
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, presentó en Tenejapa la “Ley Petrona, justicia para las mujeres”. CP

La impartición de justicia en Chiapas enfrenta un rezago histórico, particularmente en zona indígenas, mujeres y población en situación en vulnerabilidad. Recientemente el caso de una mujer liberada tras ser juzgada con perspectiva de género e interculturalidad reabrió un debate entre la justicia y el derecho.

Se reformó la Ley para que las mujeres que, por salvar su vida maten al agresor, no pisen la cárcel. Esto generó un nuevo debate sobre la línea que divide la justicia y el abuso.

Juzgar con perspectiva de género e interculturalidad es una obligación jurídica vinculante para los órganos jurisdiccionales en México, derivada del reconocimiento constitucional y convencional de los derechos a la igualdad y a la autodeterminación de los pueblos indígenas

Poder Judicial

En relación a la reciente liberación de Petrona, mujer indígena embarazada y madre de cuatro menores de edad, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillen, explicó que se trata de un caso ejemplar de impartición de justicia, donde se juzgó con perspectiva de género e interculturalidad.

Detalló que el caso se desarrolló con estricto apego a Derecho, pero con una visión humana al considerar los elementos conceptuales de un hecho violento, donde se demostró que la mujer se defendió al estar su vida en riesgo, por el ataque de su entonces esposo.

De acuerdo a la investigación pericial, los hechos ocurrieron tras una agresión por parte de su esposo, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. La investigación estableció que la víctima falleció por dos lesiones provocadas con un cuchillo doméstico; sin embargo, también documentó que Petrona había sido víctima de violencia familiar de manera constante.

El incidente habría puesto en riesgo tanto la vida de la mujer embarazada como la de sus hijos menores de edad.

Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, coincidiendo en una visión humana de impartir justicia, buscando en todo momento el beneficio de Chiapas y de las y los chiapanecos, dijo Moreno Guillén.

Reforma

Este preámbulo y el trabajo entre el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Congreso del Estado permitió analizar y aprobar una reforma el artículo 25 y 27 del Código Penal del estado de Chiapas que regula la legítima defensa como causa de justificación del delito, en el que se establece que se presume legítima defensa cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida y repele la agresión.

El Congreso del Estado sentó un precedente en Chiapas con la aprobación de la Ley Petrona para proteger a las mujeres que se defienden de una agresión que pone en riesgo su vida.

Es pertinente también mencionar que se abre un debate, pues muchos sectores consideran que esta ley es: un permiso a las mujeres para matar y una vulneración de la presunción de inocencia del hombre.

Legítima defensa, ¿qué elementos incluye?

El caso de Petrona dejó en Chiapas un antecedente histórico, debido a que que fue puesta en libertad después de privar de la vida a su pareja sentimental, pero realizó esa acción como legítima defensa ante la situación de violencia que enfrentaba.

Sobre el tema, el fiscal general del estado, Jorge Llaven Abarca, informó que la clave en esta investigación fue hacerlo con perspectiva de género y analizar diversos contextos.

Los protocolos de actuación que recomiendan organismos internacionales, explicó, se aplican en Chiapas y el ejemplo fue el homicidio ocurrido en Tenejapa.

La investigación técnica en el caso Petrona, es que una mujer priva de la vida a una persona con el uso de un arma blanca, lo que puede derivar en sanciones de entre 8 y 40 años, dependiendo de algunos elementos.

Se demostró con testimonios, dictámenes médicos y periciales que Petrona vivía una situación de violencia y con frecuencia estaba en riesgo cada que era agredida.

Todos estos elementos llevaron a analizar el caso con perspectiva de género e interculturalidad y cumplió tres elementos claves para evitar que se judicializara.

El primer elemento que se consideró fue la proporcionalidad, es decir, la acción y la reacción fue igual a la agresión que recibía Petrona.

Dos, había un riesgo real de que la mujer perdiera la vida ante la situación que ocurría en ese momento, debido a que en varias partes de su cuerpo ya tenía huellas de golpes.

El tercer factor es que ella nunca provocó ese entorno, por eso se acreditó en su actuar una legítima defensa y con eso quedó libre de cualquier acusación penal.

El asunto no quedó ahí, informó el fiscal, también se giraron oficios para que otras instancias de gobierno brinden acompañamiento a Petrona, debido las condiciones sociales y familiares que enfrenta.

Difícil comprobar la legítima defensa

Al respecto, la abogada Marisela Aguilar Gerardo, explicó que cuando se comete un delito grave, como un homicidio, en defensa propia o legítima defensa, en el desahogo de pruebas es complicado comprobar dicha causa y llegar a una eximente que libere de responsabilidad penal al autor; se debe cumplir determinados factores para que la autoridad de impartición de justicia emita el fallo como tal.

La experta comentó que, en el caso de la mujer originaria de Tenejapa que fue liberada tras atentar contra su pareja y demostrar que actuó en legítima defensa, lo que ayudó fue que se pudo comprobar con testimonios y otras pruebas por qué cometió el acto.

No siempre se puede justificar un acto de esta naturaleza como defensa propia, el problema es que en algunas comunidades tanto de Chiapas como del país las mujeres siguen siendo vulnerables a violencia de género por sus parejas, un familiar o incluso por una autoridad.

Ese paradigma social y cultural que excluye a la mujer como sujeto de derecho, sumado a la falta de información, provoca que algunas víctimas lleguen a esos extremos, incluso a perder la vida por no denunciar a tiempo.

Pero en caso de actuar contra su victimario, son juzgadas, encerradas y condenadas, por la falta de una asesoría legal de calidad y porque se ponen los usos y costumbres por encima, pero destacó, estos nunca estarán por encima de los derechos humanos.

Si bien en ciertos contextos es complicado, lo cierto es que cualquier persona, sobre todo las mujeres, que sean víctimas de violencia deben acercarse a las autoridades competentes, si en su comunidad no le brindan atención acudir a la Fiscalía Especializada en la materia, que cuenta con un protocolo.

Es importante hacerlo para dejar un antecedente de la situación que está pasando, también para quedar bajo la protección y resguardo de la propia Fiscalía, sobre todo cuando hay menores de por medio; esto para no llegar a tener que utilizar la legítima defensa. También se puede acudir al Centro de Justicia para las Mujeres.

Para lograrlo también hay que decir que hace falta mayor trabajo de todas las instituciones e involucramiento de todas las sociedades, para cambiar los paradigmas que ponen en estado de vulnerabilidad a las mujeres.

Revisión de casos similares

La diputada local Marcela Castillo Atristain calificó como un hecho histórico la decisión de las autoridades judiciales de dejar en libertad a Petrona.

“Independientemente de que ostentemos o no un cargo público, nos llena de mucha tranquilidad que la fiscalía haya actuado con perspectiva de género. Esto, sin duda, marca un precedente, sobre todo para las mujeres de la zona de Los Altos, donde muchas aún continúan en la cárcel por casos similares”, expresó la legisladora.

Castillo Atristain explicó que en el caso de Petrona existían signos visibles de violencia física que se repetían de manera continua, por lo que su actuar se enmarcó en un acto de defensa propia.

“La Fiscalía actuó y dictaminó con perspectiva de género. Esto es algo que sin duda marca la historia de un antes y un después aquí en Chiapas”, subrayó.

La diputada destacó que este caso representa una luz de esperanza para miles de mujeres que hoy se encuentran privadas de su libertad por situaciones similares, muchas de ellas víctimas de violencia sistemática que terminaron por defender su vida.

“Ya no seguir aguantando. Sobre todo, que se haga claro y suene en todos los rincones de Chiapas para todos los agresores: no va a ser la misma historia, la historia no se va a volver a repetir, porque ya tenemos autoridades que resuelven con perspectiva de género”, afirmó.

Petrona: justicia clave para indígenas

Pilar Zenteno Maza, presidenta estatal de 50+1 juvenil Chiapas, califica el fallo a favor de Petrona como fundamental y espera que la nueva fiscalía indígena reduzca la violencia.

En un caso histórico que marcó un precedente en Chiapas, Pilar Zenteno Maza, presidenta estatal de la colectiva 50 más 1 juvenil Chiapas, ofreció su opinión en entrevista para este medio.

Señaló que, como colectiva, no se tiene conocimiento exacto de cuántos casos similares existen, pero reconoció que lamentablemente esta situación ocurre con frecuencia, principalmente en la zona indígena, donde las mujeres tienden a sufrir mayor violencia.

Destacó que actualmente se observa un cambio positivo con la llegada de una fiscal indígena totalmente comprometida con la causa de género, la fiscal Flor Alma Gómez, quien desde el primer momento ha estado a pie de lucha.

La activista expresó su esperanza de que, con esta nueva administración, sean cada vez menos los casos de violencia y cada vez mayor la defensa de las mujeres indígenas, a quienes consideró aún más vulnerables que las que viven en la capital.

Subrayó que el hecho de que Petrona cuente con justicia y se haya declarado su legítima defensa es fundamental, pues de otro modo hoy sería una mujer inocente en prisión.

Advirtió que esta situación de encarcelamiento injusto ocurre muy seguido en las cárceles de todo México, no solo con mujeres sino también con hombres, por ello, celebró que actualmente se juzgue con perspectiva de género y consideró esto un gran avance.

Finalmente, destacó la importancia de que las mujeres denuncien desde el primer entorno de violencia, con el sentido de que la fiscalía debe actuar conforme se presenten esas denuncias, y no hasta que suceda un delito mucho más grave, como ocurre en los casos de feminicidios.

Colectiva Cereza

Patricia Aracil Santos, coordinadora de la Colectiva Cereza, acepta que quedaron impactadas por la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso de Petrona, ya que hasta donde tienen registro, es el primero donde la institución hizo la investigación con perspectiva de género.

La Colectiva Cereza, pese a que no llevó la causa de Petrona, sí colaboraron en la presión social. Aracil Santos señala que, de haber sido vinculada a proceso, habrían asumido al defensa de Petrona, como lo hicieron en el caso de Marisela, que ya representa un antecedente jurídico de defensa propia.

La coordinadora explica que ambos casos tienen un contexto similar: mujeres que viven un Continuum de violencia por parte de sus parejas. Señala que pese a que las mujeres suelen resistir mucho, es cuando esta violencia amenaza a sus hijos que deciden poner un límite y se defienden.

Esta situación se repite tanto en las ciudades como en las comunidades, en parte por un abandono por parte de las autoridades, asegura Aracil Santos. “Se siguen considerando estas situaciones como problemas familiares internos donde no se debe actuar y eso es algo que hay que superar”.

Caso Marisela

Desde 2022, cuando sucedió el caso Marisela, la colectiva no ha notado un cambio en las autoridades de las comunidades, ya que fueron estas las que pusieron a Petrona a disposición de FGE, acusándola previamente de delito. El avance, señala, se ha dado en la sociedad.

Están convencidas que la FGE actuó por presión social. “Ha sido muy interesante leer los comentarios de las personas de la misma comunidad, más de 300 comentarios a favor de Petrona, porque la violencia que vivía era conocida por todas las personas de la comunidad”.

Sobre el regreso a la comunidad, Aracil Santos sostiene que este siempre es complicado por los prejuicios y el temor de que los familiares de la persona fallecida puedan actuar en contra. “Pero en el caso de Petrona, parece que la gente le ha apoyado, pero en otros casos hay una dificultad y en ese sentido por todos los comentarios y el apoyo podríamos decir que hay mayor consciencia social, quizá no de las autoridades, pero a nivel social sí hay mayor concientización y eso es importante”, agrega Santos.