El caso de la aerolínea Mexicana de Aviación hace mucho tiempo que dejó de ser un problema de particulares, para convertirse en uno que compromete entre muchos otros aspectos, la soberanía aeronáutica del país, la conectividad de destinos vitales para los negocios y el turismo, más de 8 mil plazas laborales, la competencia y competitividad del sector de los transportes, la viabilidad de los aeropuertos nacionales y los puntos de aterrizaje mexicanos en otros países.
El proceso de rescate financiero de la empresa que desde agosto pasado dejó de volar ha sido un conjunto de erráticas decisiones de la autoridad, rigidez sindical y sobre todo poca seriedad de los sucesivos postores, quienes han llegado a la mesa de negociaciones con promesas desmesuradas, exigiendo profundos sacrificios laborales, pero sin dinero, en aras de que el gobierno subsidie el nuevo despegue de Mexicana.
Muchos factores se conjuntaron para que la aerolínea más antigua del país se encuentre al borde de la quiebra: altos precios de los combustibles, contratos colectivos de trabajo muy pesados, pésimas administraciones financieras, competencia internacional cada vez más agresiva, así como la falta de una política aeronáutica que diera rumbo a la actividad.
Esta ausencia de autoridad data de los tiempos en los que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dirigida entonces por Juan Molinar Horcasitas, permitió que la Dirección General de Aeronáutica Civil renunciara a su papel de eje rector de la industria, lo que facilitó el desorden administrativo y comercial de la aviación, que lo mismo avaló colusión de aerolíneas para fijar tarifas, que dio concesiones a diestra y siniestra para las llamadas líneas de bajo costo que no resultaron tales, hasta el muy penoso caso de perder por negligencia la certificación internacional de seguridad aeronáutica nacional.
En el caso de las negociaciones para reestructurar a la empresa, desde un principio se dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social intervenía para proteger los derechos laborales y armonizar a los postores. Al final el secretario Javier Lozano se dijo tan sorprendido como todos los demás del fiasco de las ofertas. Vale entonces preguntarse si en realidad lideraba o no las negociaciones, y si su papel era tan protagónico en este proceso como aparentaba.
Es de esperarse que haya nuevas alternativas a la quiebra de Mexicana. El país necesita su competencia. Los empleos en juego no son pocos. Los acreedores de la empresa requieren certidumbre en la recuperación de sus recursos. Y, más importante, el Estado ha de recuperar el control de la industria, estableciendo, como lo hacen todos los gobiernos del mundo, una política aeronáutica nacional que establezca prioridades y proteja la soberanía de nuestros cielos.
(El Universal)
