El Parque Nacional Cañón del Sumidero ha padecido invasiones a lo largo de su existencia sin detenerse un solo año, desde 1980, fecha que se decretó como tal. Hoy a sus 36 años de vida, los asentamientos irregulares han superado los límites de las oficinas gubernamentales encargadas de su salvaguarda, a pesar de haberse creado un nuevo polígono de desincorporación.
Este proyecto de desincorporación busca proteger lo que le resta al Cañón del Sumidero, es decir, las aproximadamente dos mil 944 hectáreas perdidas desde 1980 hasta el 2003, debido a las 91 colonias (históricas) asentadas a través de estos años.
“La ley menciona que cuando un Área Natural Protegida tiene algunas dificultades, en aspectos de su conservación, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puede modificar dicho polígono para salvaguardar lo que le resta”, comentó el director del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Adrián Méndez Barrera.
Estas 69 colonias de Tuxtla Gutiérrez y 22 de Chiapa de Corzo comenzaron a arribar desde la década de los 80’s, y durante el trayecto de estos 36 años, han causado un daño irreversible a la superficie de las más de dos mil hectáreas de área natural.
Sin embargo, en abril del 2013 comenzaron a crearse nuevos asentamientos irregulares ajenos a estas 91 colonias, que crecieron hasta convertirse en ocho asentamientos paracaidistas, los cuales pretenden ingresar a la desincorporación con los demás fraccionamientos, para así ser regularizados.
Por ello, instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), entre otras, están inmersas en este proyecto de desincorporación con las colonias debidas.
“Con la actual modificación del polígono de esta reserva natural no se estaría dotando de tierras a los distintos colonos, ya que no es el objetivo, sino se realizaría una conservación de lo que resta del Parque Nacional”, agregó Méndez Barrera.
Antecedentes
Fue en 1980 que esta área natural del estado de Chiapas fue decretada por el entonces presidente de la República, José López Portillo, como Parque Nacional Cañón del Sumidero, se trataba de una zona natural de aproximadamente 21 mil hectáreas.
El área abarcaba -aproximadamente- desde donde se sitúa la actual colonia Colinas del Oriente de Tuxtla Gutiérrez hasta sus límites naturales de hoy en día.
A partir de dicha década se comenzó a registrar el arribo y la “formalidad” de las primeras colonias dentro del área natural. Se obtuvo un total de 91 colonias en tan solo 23 años, por ello, el Parque Nacional del Cañón del Sumidero pidió modificar su polígono desde el 2003, año en el que la Conanp llegó al estado.
Entre las colonias más conocidas se encuentran Cruz con Casitas, Capulines, Lindavista Shanká, El Aguaje, Las Granjas, Kilómetro 4, Potinaspak, La Condesa y Zapata, más otras 22 pertenecientes al municipio de Chiapa de Corzo, las cuales no poseen escrituras públicas.
Operatividad
Ante este escenario, los procesos de la creación de un nuevo polígono se llevaron a cabo en el 2012, cuando las invasiones no se encontraban en las faldas de esta reserva federal, por lo que el permitir que estos asentamientos permanezcan en el sitio afectarían al ambiente del Cañón.
Cada metro cuadrado del área ha sido rigurosamente estudiado y valorado, por ello, la Conanp ha decidido desvincular esta superficie del Cañón del Sumidero donde se han asentado las 91 colonias
Por lo tanto, la superficie donde se encuentran las invasiones por ningún motivo serán desincorporadas porque el suelo dañado aún es recuperable.
“Ambientalmente, con miras a la protección de la capital, la creación de estas cartoneras sobre 37 hectáreas, generan en temporada de lluvias el arrastre de hasta 200 toneladas de materiales pétreos y de suelo”, enfatizó el director regional de la Conanp en Chiapas, Joaquín Zebadúa Alva.
Dicho material termina obstruyendo las alcantarillas y drenajes pluviales de gran parte de la ciudad, además estos asentamientos irregulares se sitúan dentro de zonas de riesgo debido a su ubicación geográfica.
“Otra situación, son las 91 colonias que desde la década de los 80’s, 90’s y primeros años de este siglo se establecieron y que incluso tienen servicios municipales e inversiones patrimoniales, las cuales requieren certeza jurídica”, abundó Zebadúa Alva.
Además los delitos cometidos por los “paracaidistas” o por algunos de los líderes de este fenómeno social, son: daños contra la biodiversidad, cambio de uso de suelo sin autorización y fraccionamiento de tierras sin permiso.
Cabe destacar que el pasado lunes 3 de octubre, el presidente de la colonia irregular “Manuel Velasco Coello”, Eduardo Velasco Verónico, señaló que lucharán para que sus ocho asentamientos paracaidistas ingresen a las 91 colonias que serán desincorporadas porque supuestamente entran dentro del nuevo polígono.
“Sedatu y Corett están trabajando con nosotros, incluso nos hemos reunido con el alcalde Fernando Castellanos, con el comisionado nacional de la Conanp, Alejandro del Mazo y todos hemos llegado al mismo diagnóstico: son 91 colonias las que se desincorporarán y estas ocho invasiones no tienen posibilidad de permanecer”, finalizó el director regional.
Grupo empresarial
En su oportunidad, Rómulo Farrera Escudero señaló que las autoridades estatales tienen que desarrollar acciones para detener estas invasiones, porque podría pasar como en las pirámides del Cairo, Egipto, las cuales han quedado rodeadas dentro de la gran urbe y han dañado su aspecto turístico.
“Escuché que un legislador del Partido Verde Ecologista promovía la regularización de estas tierras, pero eso es un contrasentido porque si pertenece a una agrupación ecologista lo que tendría que hacer es buscar una solución, como reubicar en otro sitio a esas personas”, agregó el empresario chiapaneco.
Por su parte, la representante de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Eloisa Alfaro Pola, comentó que turistas de diferente índole han opinado de manera negativa sobre el aspecto que brinda la cercanía de la urbanidad con esta zona natural, pero más todavía las invasiones.
“A parte de que brindan una mala imagen, las personas ahí establecidas corren riesgo, porque están en una zona peligrosa de desastres naturales y si llegara a pasar algo desafortunado le echarían la culpa a las instituciones”, señaló la empresaria.
