Luego de 12 años de estar preso “por un delito que no cometió”, el indígena tzotzil Juan de la Cruz Ruiz fue liberado, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que exigió que “se investigue y lleve ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la tortura en su agravio; otorgar una justa indemnización para él y su familia, tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños”.
Demandó que “el Estado se pronuncie sin ambigüedades por la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, cesando esta cotidiana, estructural y sistemática violación a los derechos humanos, especialmente de integrantes de pueblos originarios”.
Explicó que el indígena fue liberado el pasado 9 de diciembre mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019; la Mesa de Reconciliación -integrada por representantes de los tres poderes- le otorgó el beneficio de sentencia suspendida.
Recordó que “desde el 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos, cuadernillo 387/MR/2012”, pero no se había hecho efectiva.
“La Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran su decisión”, agregó.
Expresó que De la Cruz Ruiz estuvo preso del 28 de febrero de 2007 al pasado 9 de diciembre, acusado de homicidio, “delito que no cometió. Su declaración fue obtenida bajo tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostraran su responsabilidad”. Fue sentenciado a 25 años de prisión.
“El Frayba expuso a las autoridades estatales el análisis jurídico que evidencia las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. Tanto en las declaraciones ministerial y preparatoria, Juan detalló la situación de tortura sin que las autoridades ministeriales y judicial iniciaran una investigación por este delito”, aseveró.