El presupuesto de 205 millones de pesos que está contemplado se entregue a los partidos políticos el año venidero no es austero ni tampoco se le aplicó racionalidad, debido a que se tiene que respetar la fórmula establecida en la ley y en el 2020 arranca todo el proceso electoral para Chiapas, puntualizó María Magdalena Vila Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Este financiamiento público, explicó, se relaciona con el número de votos que obtuvieron los partidos en las elecciones anteriores inmediatas y, al tener comicios intermedios, la cantidad se multiplica por el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Entrevistada sobre el tema, aclaró que serán los propios partidos políticos los que decidirán en qué se gastan el dinero o cómo lo hagan, es decir, ellos elegirán si son o no austeros en el gasto público.
Para Vila Domínguez, el actual sistema electoral funciona de forma correcta porque quitar financiamiento público a los partidos políticos podría traer como consecuencia que se busquen recursos hasta de procedencia ilícita, sin la oportunidad de fiscalizarlos de manera adecuada.
Cuestionada sobre la relación que mantiene el órgano local con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado para entregar el presupuesto de forma completa, respondió que hasta el momento no hay nada claro, todo se mantiene en análisis.
“Nos dicen que lo están analizando, todavía no tenemos una negativa ni una afirmativa, porque también ellos están esperando ante el Consejo General del instituto se dé la aprobación del anteproyecto formal”, complementó.
Tienen hasta octubre para presentar ante el titular del Poder Ejecutivo estatal, también, el paquete presupuestal del órgano local para el 2020, pero se tiene previsto que sea antes de concluir los primeros 15 días del mes.
Uno de los mayores problemas que enfrentan los propios partidos políticos es que durante el 2017 y 2018 no recibieron la mayoría de las prerrogativas y esto ha generado una disyuntiva con el propio Instituto Nacional Electoral (INE), principalmente por el tema de fiscalización.
Finalmente, la consejera electoral comentó que en la Constitución no existe ningún “candado” para que el gobierno no ponga excusas en la entrega de las prerrogativas, pero depende del Congreso y de la propia Secretaría de Hacienda darlo o no completo y de los partidos políticos aceptarlo o rechazarlo.
