José Chambor Yuk, presidente del Comisariado de Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL), comentó que por acuerdo de las 1,678 comunidades el pasado 20 de septiembre, se decidió expulsar del área natural protegida a la académica y exfuncionaria Julia Carabias Lillo por diversas cuestiones que atentaban contra la conservación del lugar.
Carabias Lillo, medalla “Belisario Domínguez”, se despeñó como presidenta del Instituto Nacional de Ecología y de la Secretaría de Recursos Naturales y Pesca en el gobierno de Ernesto Zedillo. Hoy es presidenta del Centro Latinoamericano de Capacitación para la Conservación de la Biodiversidad en la Selva Lacandona, quien es acusada de saquear flora y fauna del interior.
Chambor Yuk comentó que a raíz de la expulsión se ha iniciado una campaña de desprestigio hacia el Comisariado en la que los acusan de vender terrenos dentro de la Reserva de la Biosfera “Montes Azules”, lo cual desmintieron en la conferencia de prensa.
El presidente del Comisariado señaló que han sufrido amenazas y provocaciones por parte de la organización Natura y Ecosistemas Mexicanos AC, por una campaña mediática en la que buscan que se piense que entre los integrantes de los Bienes Comunales existe una “guerra interétnica” impulsada por choles y tseltales para sacar a los lacandones.
“Natura quiere hacer creer al pueblo de México y a el mundo que choles y tseltales somos responsables de la devastación de la selva Lacandona. Julia Carabias y Javier de la Maza quieren hacer con las estaciones de Chajul y Tsendales lo que no hicieron como funcionarios públicos, pero la información e influencia obtenida por los cargos desempeñados la usan para buscar apropiarse, con incidencia política y económica, de la biodiversidad de los BCZL”, comentó.
Las autoridades de los Bienes Comunales expresaron que no ven a ninguna de las instancias encargadas de la administración del área tomar el tema con seriedad.
“Natura y aliados se enojaron, ellos quieren todo, sin indígenas en el territorio, y si se ‘exterminan’ entre ellos mejor. Por eso dividen pueblos, para quedarse con flora, fauna, agua, tierras y con los beneficios del mercado de carbono donde se proyecta que se necesitarán otros 700,000 millones de dólares al año en 2030 para financiar la transición hacia la economía de bajos niveles de emisión de carbono. Natura quiere ser parte de ese botín”, expresaron.
Por ello demandaron el cierre del polígono de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona; al mismo tiempo una mesa de biodiversidad encabezada por Víctor Toledo, secretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
También igualdad en derechos de petición para el gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación, ya que argumentan, sólo han escuchado a los lacandones afines a Natura.
Demandaron la intervención de órganos independientes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para gestionar las medidas de protección necesarias para las autoridades de BCZL, colaboradores, observadores y representantes de organizaciones sociales que acompañan este proceso, por las amenazas de muerte, desaparición forzada, persecución y responsabilizaron a Julia Carabias Lillo y Javier de la Maza Elvira de cualquier acción de represión.
Y es que recordaro, que en años pasados ha sido encarcelado tres veces uno de sus colaboradores (2008, 2012, 2014) y en una ocasión 22 personas, autoridades y representantes de los BCZL, organizaciones y defensores de derechos humanos fueron aprehendidos en una mesa de negociación en 2014.