El especialista en temas económicos, Néstor Gabriel López, mencionó que a partir de las últimas reformas en materia fiscal cualquier unidad de negocio formalmente establecida, que se relacione intencionadamente o no con otra empresa vendedora de facturas, será acreedora a fuertes sanciones por parte de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Comentó que siguiendo los objetivos del Gobierno Federal, sobre el combate a la corrupción, las autoridades fiscales han sido más agudas en la búsqueda de los domicilios fiscales de las empresas, y cuando descubren que no existe físicamente tal información o no coinciden con los datos, de inmediato se prenden las alertas por operación simulada.
El también vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chiapas (Coparmex), enfatizó que con las nuevas disposiciones de las autoridades tributarias, en torno al combate a las operaciones simuladas, las fiscalizaciones serán más severas y puntualizadas.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se impondrán hasta seis años de cárcel al que expida, venda o compre facturas falsas, que busquen amparar operaciones inexistentes.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de Federación y entró en vigor el 17 de mayo del año pasado.
En ese marco se dio a conocer que por facturación de operaciones simuladas se perdían hasta dos billones de pesos, lo que representó el 70 por ciento de la recaudación prevista para el 2018, así como la existencia de más de ocho mil 500 empresas fantasma.
El contador dijo que ya se dieron los primeros casos en Nuevo León, pero los empresarios se quejaron de esa “persecución” del SAT, y justificaron que no había nadie que los atendiera.
“Esto pasará sin duda con muchas empresas relacionadas con otras conocidas como factureras.
Serán perseguidas por las autoridades fiscales, aunque haya sido de manera accidental”, dijo.
Los nuevos estatutos que rigen el actuar de las autoridades fiscales establecen que si una empresa formalmente establecida, es vinculada con un proveedor con operaciones inexistentes, no podrá ser contratada por la administración pública, o de lo contrario habrá repercusiones penales con agravantes.
Negocios afectados
Incluso son anotadas en una “lista negra” de empresas identificadas con operaciones simuladas, la cual es de acceso público para evitar que más negocios se vean afectados al involucrarse con ellas, ya que no se acepta como argumento el desconocer la situación de la otra empresa.
Esta situación, de acuerdo al especialista, afecta de manera negativa al sector empresarial en términos económicos, debido a que tienen que comprobar que no tiene relación o que fue involucrada involuntariamente con una empresa “facturera”, y mientras eso ocurre no pueden ser contratadas.
Para finalizar, señaló que otro de los factores en las que se verían perjudicadas las empresas establecidas, es al no haber efectuado sus pagos de impuestos en tiempo y forma, lo que también las relegaría de ser contratadas, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.