El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, mencionó que pedirán a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado que se integren los pasivos que no se entregaron a los partidos políticos durante el 2017 y 2018 (205 millones de pesos), lo que podría elevar a más de 400 millones de pesos la bolsa económica, considerando el anteproyecto de las prerrogativas para el 2020.
Chacón Rojas comentó que pese a que a nivel nacional se ha discutido el tema de la reducción de financiamiento a partidos políticos mientras no se convierta en ley, el órgano local tiene la obligación a calcular el monto con base en lo establecido en la misma.
“Tenemos la obligación de incorporar los pasivos al anteproyecto, nada más que eso ya no es un monto que se pone a consideración del Consejo General, no es la bolsa de los partidos políticos que estamos calculando para el próximo año, no es el monto de las prerrogativas, está en una bolsa distinta que tiene que ver con pasivos”, complementó en referencia a los adeudos.
En cada ejercicio fiscal el IEPC tiene que hacer una multiplicación entre el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por el número de ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral: de esa fórmula sale la cantidad de dinero que se debe entregar a los partidos políticos.
Los más de 200 millones de pesos que pide la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas a las autoridades hacendarias, comprende el financiamiento ordinario y para actividades que van dirigidas para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres.
Cuestionado el consejero presidente del IEPC si la austeridad de la que tanto se habla a nivel nacional y estatal no incidirá para que los diputados locales no acepten tal cual el anteproyecto, respondió que el próximo año en Chiapas, en octubre, arrancará otro proceso electoral y para ello, se requiere dinero.
Será el Consejo General del Órgano Local el primero en decir si se avala o no el anteproyecto en este mes; posteriormente, se enviará a la Secretaría de Hacienda estatal y, al final de cuentas, serán los integrantes de la LXVII Legislatura los que determinen la cantidad de recursos aprobados para los partidos políticos en 2020.
“Nosotros no podemos calcular la bolsa de manera arbitraria a los partidos políticos con una fórmula distinta a la que está en la ley; a nosotros nos sujeta el principio de legalidad, mientras los legisladores no modifiquen esa fórmula tienen que respetarse esos montos”, enfatizó el consejero presidente.
Con respecto a la molestia de los partidos políticos que no recibieron su financiamiento completo en años anteriores (y que requerían de Chacón Rojas un oficio donde se detallara la problemática para enviarla al Instituto Nacional Electoral), respondió que fue la Secretaría de Hacienda la que no entregó las prerrogativas y se hicieron los requerimientos necesarios, incluyendo un juicio electoral.
Por esa razón, explicó, es que se añadieron los pasivos para ver si las autoridades locales tienen la posibilidad de atenderlo y que se sumen para el siguiente año, aunque el dinero sea en otra bolsa económica.
Finalmente, aclaró que el tema del financiamiento público a los partidos políticos no es un tema que se vea a la ligera, debido a que se trata de instituciones fundamentales -aunque no ocupan los mejores lugares de aceptación de la población- para los proyectos democráticos en el país.
