Alrededor de 20 organizaciones civiles del sureste del país y más de 70 personas en lo individual, pidieron al Gobierno mexicano que intervenga para agilizar el regreso del ambientalista mexicano, Gustavo Castro Soto, coordinador de la agrupación Otros Mundos, a quien se le ha prohibido salir de Honduras, debido a una alerta migratoria de 30 días.
También exigieron al gobierno de Honduras que “se haga justicia” por el homicidio de la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), Berta Cáceres, acribillada durante un ataque ocurrido el 3 de marzo en La Esperanza, Intibucá, Honduras, en el que resultó herido Castro Soto.
“Nos sentimos indignados por los sucesos ocurridos en La Esperanza, Honduras, en los cuales le arrebataron la vida a la defensora de derechos humanos Bertha Cáceres y en el cual el defensor de derechos humanos Gustavo Castro fue herido”, agregaron en un pronunciamiento firmado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Melel Xojobal, Voces Mesoamericanas, la Coalición Ciudadana de Palenque, la Red Junco de la Selva Norte de Chiapas y Pantanos de Tabasco y el Comité de Derechos Humanos, Fray Pedro Lorenzo de la Nada, entre otras agrupaciones.
Manifestaron su preocupación por la seguridad de Gustavo Castro, “a quien no le han permitido salir de Honduras, alegando que es un testigo importante en el asesinato de Berta Cáceres, pero como bien dice él, no tiene delito, ya declaró y las demás diligencias las puede hacer aquí en México”.
