Desesperado por la falta de atención de las autoridades estatales, un grupo de propietarios del fraccionamiento “Magali” que fueron despojados por invasores agrupados al MOCRI en el municipio de Berriozábal, solicitaron la inmediata restitución de 400 lotes que están invadidos desde septiembre de 2017.
En una reunión sostenida para exigir a las autoridades la aplicación del estado de derecho y brindar certeza jurídica, los propietarios afectados manifestaron que desde hace poco más de ocho meses han acudido a la Fiscalía para la Atención de Grupos Vulnerables en la Fiscalía metropolitana, sin lograr nada.
Los 400 propietarios cuentan con escrituras públicas que les da la certeza jurídica de la propiedad, en una extensión aproximada de 2.5 hectáreas y, en algunos casos, existen construcciones y terrenos con bardas de material; sin embargo, a pesar de eso, están invadidos.
“Hasta la fecha no se ha logrado nada positivo ante la fiscalía, y mientras que los invasores tienen retenes para evitar que los propietarios entremos; incluso cuando nos ven, nos agreden” sostuvo Agustín Ballinas Moreno, afectado.
Asimismo denunciaron que han sido objeto de agresión física, e incluso de amenazas de muerte por parte de personas que lideran la invasión.
En la invasión están posesionadas unas 200 personas, identificadas como integrantes del Movimiento Regional Campesino Independiente (MOCRI).
Ante tal situación, una comisión integrada por 20 propietarios se presentaron ante la Fiscalía de Atención a Grupos Vulnerables, y una más a la Subsecretaría de gobierno, con el fin de solicitar actúen para recuperar su patrimonio por la vía pacífica.
Blanca Estela Sánchez adquirió un terreno de 10 por 20 con la ilusión de contar con un patrimonio en un lugar con un clima fresco, pero hoy esto se ha vuelto un dolor de cabeza.
“Yo quiero decirle que a mí Berriozábal siempre me gustó por su clima, por todo, y con la ilusión de comprar un terrenito, adquirí el predio de 10 por 20, ni siquiera es una gran cantidad, y con mucho esfuerzo le pusimos barda, le pusimos una entrada e hicimos un proyecto para construir; desafortunadamente no hay luz en esa zona y por eso no nos pudimos ir antes”, dijo.
En las 2.5 hectáreas, los vecinos cooperaron con ocho mil pesos para comprar un trasformador y contar con el servicio de energía eléctrica, el cual no vieron concluido porque fue sustraído por el grupo invasor.
Finalmente, los propietarios manifestaron confiar en que las autoridades van a hacer lo que corresponde para recuperar lo que con mucho esfuerzo hicieron.
“Nosotros no queremos que haya violencia, queremos que las autoridades dialoguen con estas personas que están invadiendo esa negociación, no nos corresponde a nosotros, es la autoridad la que tiene que resolver”, concluyó
