De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la reforma constitucional en esta materia en vigor dese hace un año (2011), fortalece la cultura de la legalidad que debe ser pilar principal del Estado en la relación entre autoridades y gobernados. Y no obstante que hay fundadas reservas por parte de individuos y grupos golpeados tanto por excesos de la autoridad como por el crimen organizado, los cuales por diferentes medios se siguen manifestando hasta el día de hoy, sobre todo en sitios donde la violencia se ha agudizado, el organismo sostiene que estamos ante un avance en la lucha por mejorar la atención y el trato a las víctimas del delito, toda vez que ahora se cuenta con más elementos para hacer efectivo su derecho a la reparación del daño y contribuir a erradicar la impunidad.
La reforma a once artículos de la Constitución dio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nuevas atribuciones para proteger a la sociedad contra el abuso del poder, sin embargo, el mismo organismo señala que para conseguir esa meta es necesario que el Estado fomente entre la población la educación sobre las garantías individuales, especialmente entre niños y jóvenes.
De acuerdo con la Comisión Nacional, la reforma significó un avance en la lucha por mejorar la atención y el trato a las víctimas del delito. Desde el año pasado, continúa, las autoridades tienen la obligación de desempeñar sus funciones de acuerdo con lo que establece el orden jurídico mexicano y los más de cien instrumentos internacionales en la materia, firmados y ratificados por México. De esta manera, servidores públicos e instituciones tienen el compromiso ineludible de responder las recomendaciones que les formulen los organismos públicos de protección de los derechos fundamentales, y aquel funcionario que no las aceptara o las incumpliera, deberá explicar ante el Senado el motivo de su negativa, lo que en su opinión, favorece la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin duda es un cambio positivo, sin embargo, al ser tantas las denuncias lo mismo de abuso de poder como derivadas de la indefensión social ante la inseguridad, la reforma es ahora sólo la mitad de un objetivo porque la otra es la información con que deben contar los ciudadanos.
