Un grupo de ejidatarios de la tercera edad de Chicoasén cumplió hoy siete días en huelga de hambre para exigir la liberación de su abogado Arturo Ortega Luna, detenido el 21 de octubre pasado, acusado de motín por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Al mismo tiempo, el obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel afirmó que el gobierno debe de consultar a los ejidatarios de Chicoasén para saber si están de acuerdo o no en que se construya la presa Chicoasén 2. Lo representantes del Comité Ejidal consultados, que pidieron el anonimato, dijeron que de los ocho ejidatarios que el 3 de este mes comenzaron el ayuno en la casa ejidal, dos se retiraron por motivo de salud, pero fueron remplazados por otros, también de la tercera edad.
Recordaron que además de la exigencia de que sea liberado su abogado están demandado que la CFE respete el amparo que un juez les otorgó en mayo para que se suspenda la construcción de la presa Chicoasén 2, que afectará por lo menos 198 hectáreas y a 143 familias que viven a la orilla del río, que tendrían que ser reubicadas, así como la cancelación de más de diez órdenes de aprehensión. Reiteraron que continuarán con la protesta hasta que las autoridades atiendan sus demandas, porque “la CFE cometió diversas irregularidades para imponer el proyecto en contra de la voluntad de la mayoría de ejidatarios”.
Al preguntarle su opinión sobre la huelga de hambre de los indígenas zoques, Arizmendi Esquivel dijo que “nosotros siempre hemos insistidos a las autoridades que cuando se trata de una obra de esa naturaleza dialoguen con las comunidades, que no se haga nada sin un acuerdo con ellas”.
Reiteró: “En el caso de Chicoasén, que no está en nuestro territorio diocesano sino en el de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, hemos insistido en que hablen con la gente porque a veces hay malas interpretaciones o informaciones; la insistencia es que escuchen a la gente, que no es mala ni tonta, sino que tiene sus derechos, sus tierras”.
