Chiapas experimentó la mayor reducción interanual de pobreza laboral en el país durante el primer trimestre de 2025.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) procesados por la asociación civil México ¿Cómo Vamos?, el porcentaje de chiapanecos que no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, bajo de 63.6 a 59.2 por ciento, una caída de 4.4 puntos si se comprara el primer trimestre de 2024 y el del 2025.
Estos puntos porcentuales, en datos duros, representa 217 mil personas saliendo de esta condición.
Contexto y brechas
Este descenso, es uno de los más pronunciados en México, y contrasta con el promedio nacional, donde la pobreza laboral afecta al 33.9 % de la población (44.2 millones de personas).
Pese al avance, Chiapas mantiene el primer lugar en este indicador, seguido de Oaxaca (56.7 %) y Guerrero (54.9 %).
Baja California Sur y Quintana Roo son las dos entidades con menor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas de 12.8 y 18.7 %, respectivamente.
A nivel nacional, por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 113 mujeres, relación igual a la observada en el trimestre previo. Sin embargo, nuestra entidad tiene la brecha laboral más baja del país por cada 100 hombres, hay 105.73 mujeres en pobreza laboral.
Canastas inalcanzables
Al comparar el costo de la canasta alimentaria más no alimentaria con el ingreso laboral per cápita, México, ¿cómo vamos? estimó que en el primer trimestre del 2025, el 64.3 % de la población nacional no tiene ingresos suficientes para adquirir la suma de las canastas alimentaria y no alimentaria.
En dos estados, el porcentaje de la población supera el 80 %, siendo Chiapas el que tiene la mayor proporción de su población con el 85.3 % sin ingresos suficientes para cubrir la suma de las canastas.
La medición de 2025 marca la primera transición del Coneval al Inegi en la evaluación de pobreza. Expertos advierten que la falta de legislación secundaria pone en riesgo la continuidad metodológica y transparencia, elementos clave para dar seguimiento a políticas públicas.
