En México, alrededor de 30 millones de personas son servidoras públicas, sin contar aquellos que tienen dos empleos, en la iniciativa privada y en el ámbito público, lo que aumentaría el universo. Todos, sin excepción, desde el 2019 están obligados a presentar su declaración patrimonial ante las autoridades fiscales.
Obligación
El contador público certificado, Néstor Gabriel López, comentó que todos están obligados a presentarla, antes había una segmentación entre trabajadores de determinados cargos, algunos no les tenían que presentar y otros sí, pero al modificarse el Sistema Nacional Anticorrupción la obligación quedó para todos.
En caso de ocultar o dar información falsa, el especialista dijo que es fácil detectarlo porque se piden comprobantes, aun cuando son joyas heredadas, por eso se debe declarar.
“Si se comprueba que se ocultó información para no demostrar un incremento patrimonial o el uso o disfrute de algunos bienes y servicios de forma injustificada, se puede configurar como enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflictos de intereses y eso da lugar a una falta grave con sanciones dependiendo los montos”, explicó.
Sanciones
Destacó que las sanciones pueden variar de una suspensión del cargo de 1 a 3 meses; despido o inhabilitación de 3 a 12 meses, si no se tuvo beneficios; de 1 a 20 años si hubo fines económicos de lucro, y si no se superan las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias, la inhabilitación puede ir de 1 a 10 años.
La declaración patrimonial es un manifiesto que se hace bajo protesta, por lo que que puede implicar falsedad declaraciones; si el servidor público tiene un cargo igual o superior a jefe departamento, tiene que presentar su ingreso neto, propiedades, joyas, autos, lo del conyugue y un curriculum detallado.
Ahora bien, si alguno no la presentó en el tiempo establecido, 60 días naturales, siendo este 31 de mayo el último día, se puede hacer de forma espontánea y quedará de la autoridad poner una sanción o no.