Publicado el sábado 7 de abril de 2001Ruben De Leo / CPSerá ilegal la sesión que para hoy sábado convocaron el Ejecutivo y 23 magistrados afines al decano Enrique Robles Domínguez, con el fin de elegir a un nuevo presidente magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia del estado (STJE).
El grupo de magistrados que está defendiendo la autonomía y la independencia del Poder Judicial que encabeza Jorge Clemente Pérez, manifestó que la asamblea no puede realizarse porque está convocada de manera irregular por Enrique Robles y en caso de consumarse ese acto para abrir una nueva elección de presidentes del STJE, “será una ilegalidad y vasallaje”.
Los cuatro magistrados disidentes Sabino Aguilar Ramírez, Enoch Cancino Pérez, José Sánchez Gómez y Jorge Clemente Pérez, presidente del Tribunal de Justicia, señalaron que de realizarse dicha asamblea, estaría contraviniendo toda legalidad, además carece de sustento jurídico y es inválida a todas luces.
“No pueden, apegados a derecho, desconocer mi presidencia nulificando la elección del 24 de marzo”, expresó Clemente Pérez.
–De efectuarse la asamblea y desconocerlo a usted,
¿seguirá siendo presidente del Tribunal?–, se le preguntó
-Claro que sí. El desconocimiento sería un acto ilegal, merecería un amparo.
–¿Qué tiempo demorará esa controversia en la SCJN?
-Un máximo de tres meses.
–¿Hay confianza de que puede ser favorable para ustedes?
–Absolutamente, porque los ministros respetan la ley, respondió al señalar que el gobernador no ha aceptado los buenos oficios de la Secretaría de Gobernación.
Presidente
En conferencia de prensa realizada en el Parque Morelos, donde los magistrados residentes mantienen una carpa que llaman las “oficinas” de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del estado, dijo que aunque se realice de manera ilegal la asamblea y elijan al nuevo presidente del STJE, él seguirá siendo presidente legalmente constituido de esa instancia, hasta el 31 de diciembre de 2001.
Convocó una vez más a sus compañeros magistrados a que no se dejen amedrentar por la fuerza de las armas, a exigir junto con él ante el Ejecutivo, el retiro inmediato de los cuerpos policíacos “que les mantienen en calidad de rehenes del fascismo dentro de sus propias instalaciones”.
Despotismo
Agrega el documento que si el Poder Judicial no le mereció ningún respeto, enviando a ocuparlo con violencia sin el menor recato, poco menos que nada puede esperar la ciudadanía en general, que quedará a merced de los caprichos del gobernador de Chiapas.
“Por ello, ante la incuestionable violación grave a la Constitución Política Federal, cometida por el gobernador Pablo Salazar, debe instruirse juicio político en su contra, declarándolo responsable de las violaciones actualizadas en las hipótesis legales enumeradas en párrafos precedentes, emitiendose la sentencia correspondiente por el Senado de la República, erigido en Tribunal de la Causa”, señala.
En su exposición de motivos, sostiene que con la invasión de la Policía del estado, quien rompió las chapas de las puertas para entrar a las oficinas de la Presidencia y sustraer documentación, el gobernador violó el principio de la división de poderes públicos de los estados, consagrado en el artículo 116 de la Constitución General de la República.
Además, vulnera la autonomía de que están investidos dichos poderes y la independencia de los magistrados en el ejercicio de sus funciones, prevista en la fracción II de ese mismo dispositivo legal, con las que se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 110 párrafos segundo, en relación con el 109, fracción I, de la propia Constitución Federal y los diversos 5 en relación con el 9 párrafo primero y 7 fracciones II y VI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
En el acta de ratificación de juicio político en poder de este periódico, sustenta que Enrique Robles Domínguez, decano de los magistrados del Poder Judicial del estado, se autonombró ilegalmente presidente temporal del STJE, desconociendo en forma antijurídica la designación de Jorge Clemente Perez como presidente del Tribunal de Justicia, impidiendo desde esa fecha que pueda realizar su gestión dentro de las instalaciones de dicha institución que permanece ocupada por elementos de corporaciones policíacas.
Ratifican demanda de juicio político contra PSM
Por otro lado, Clemente Pérez informó que los magistrados que “despachan” en el Parque Morelos ratificaron la solicitud de juicio político que interpusieron ante el Congreso de la Unión el pasado 4 de abril.
Asimismo, dio a conocer que al día siguiente, comparecieron ante la SCJN para demandar una controversia constitucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Chiapas, sustentada en documentada intromisión del Ejecutivo y en la ocupación policíaca.
Explicó que la mencionada controversia fue interpuesta ante la Oficialía de Partes de la SCJN, aunque se abstuvieron de dar el nombre de la persona que recibió la demanda.
Manifestó que la controversia recibe cauce legal y será dirimida a juicio de los honorables ministros de la Suprema Corte, quienes emitirán su fallo inapelable en los próximos días.
En el acta de ratificación de denuncia de juicio político, que consta de 23 forjas útiles y cuatro anexos que contienen pruebas documentales y videograbaciones, los magistrados disidentes sustentan pruebas de la intromisión del titular del Poder Ejecutivo en los asuntos internos del Poder Judicial, lo que implicó la ruptura del equilibrio atemperante que debe prevalecer para mesura de sus actos de Gobierno.
Señala que el sojuzgamiento que pretende el gobernador Pablo Salazar sobre el Poder Poder Judicial del estado “pone en grave riesgo la estabilidad y gobernabilidad, abriendo las puertas para un ejercicio omnipotente e incontenido que solo traerá represión y dictadura”.
