Publicado el Martes 31 de marzo de 2001Francisco Barbosa / CPLa Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Chiapas (STJE) no está sujeta a simpatías porque no es cargo de elección popular, pues su titular surge por ministerio de ley, declaró el magistrado Jorge Clemente Pérez, al tiempo de hacer ver que su nombramiento como presidente salió el pleno realizado el pasado 24 de marzo.
No se puede negociar con la ley, dijo tajantemente en reciente entrevista el magistrado presidente, quien ahora se encuentra en la Ciudad de México en busca, sostuvo, de “preservar la constitucionalidad del estado de Chiapas”, hasta donde ha viajado para entrevistarse con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.
Por otra parte, un grupo de 8 magistrados que reconocieron la legalidad de la reunión de pleno realizada el pasado día 14 de marzo en Tuxtla, de la cual surgió como presidente el magistrado Enrique Robles Domínguez, han aceptado haber acudido a las oficinas del Supremo Tribunal de Justicia del estado en donde se les negó el acceso ese mismo día 24, para “reconocer” la presidencia del decano Enrique Robles, pese a que en un comunicado el magistrado Jorge Clemente denuncia la presunta existencia de 15 averiguaciones contra magistrados.
En ese comunicado, el presidente del STJ, Jorge Clemente, hace ver que esas presuntas 15 averiguaciones previas contra los magistrados por parte de la Procuraduría de Justicia son “evidencia (de) que el gobernador Pablo Salazar utiliza al Ministerio Público (…) como órgano de represión contra quien no ha comulgado con las ideas del Ejecutivo local”.
Pruebas
Por otra parte, en las oficinas de Cuarto Poder se recibieron copias certificadas -avaladas con el cotejo número 38 por el notario público número 29 de Chiapas, Adolfo Guerra Pérez- en las que se da cuenta de que bajo la presidencia del actual decano, se desviaron 10 millones de pesos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
De la cuenta número 905659-6, cheque póliza número 2396168 de fecha 6 de diciembre de 1994, se entregaron a la Secretaría de Hacienda del Estado 10,000,000.00 de pesos, por acuerdo en sesión de pleno, cuyo presidente fue el que ahora dice que es presidente, el magistrado Enrique Robles Domínguez, también decano del STJ.
Dicho desvío de recursos fue recibido por el contador Julio César Orozco Marín, entonces jefe del Departamento de Caja General de la Tesorería General del estado en recibo con folio 44603, y no obstante que en la sesión en la que el presidente Enrique Robles Domínguez aceptó dicho desvío “por única vez”, más tarde autorizó otro más.
Con fecha 17 de febrero de 1995, del mismo Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, el mismo magistrado Enrique Robles Domínguez volvió a autorizar otro desvío por 2,000,000.00 de la cuenta número 090850 -3 cheque póliza número 0384115, lo que hace un total de 12 millones de pesos, que está perfectamente documentado.
Fuentes consultadas sobre este asunto, dijeron que el asalto a las instalaciones del Poder Judicial de Chiapas se perpetró porque el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía quería tener bajo su control toda la papelería que le fuera útil para usarla a su conveniencia, aún en contra de los magistrados, por el hecho de haber nombrado a su presidente.
“Sobre la presidencia” del decano que argumenta que por ministerio de ley es el nuevo “presidente”, fuentes consultadas sostuvieron que ningún magistrado, ningún pleno lo nombró ahora, por lo que lo único válido que hay hasta este momento es el resultado de la sesión de pleno del día 24, cuya circular 10 está en el Congreso.
El Artículo 46 de la Ley orgánica del Poder Judicial del estado, párrafo segundo, que señala que las faltas temporales del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia que no sean por más de 30 días, se cubrirán por el magistrado decano, en este caso es implacable porque es una renuncia.
Hay un presidente del STJ nombrado en sesión de pleno, acuerdo del que fue notificado el Congreso. Pero además, sostuvo la fuente consultada, por ministerio de ley el decano se encuentra ahora usurpando no solo la condición de decano, sino la Presidencia, pues ya se pasó el período en que debió de haber sido relevado de toda responsabilidad.
Usurpa la Presidencia pues se sostiene como presidente gracias a la Policía del estado que es verdaderamente la que lo “eligió” y lo “sostiene con las amenazas que trama el Ejecutivo del estado en contra de los 15 magistrados a los que al parecer les vienen fabricando averiguaciones previas para doblegarlos”, denunció la fuente.
—¿Es éste un estado policíaco de terror?
—Lo es, desgraciadamente—, respondió la fuente que declinó ser identificada.
“Lo es en la medida en que cualquier ciudadano que no se doblegue a la voluntad del gobernador será denigrado, pisoteado, y sus familias atemorizadas, amenazadas, y en realidad, Chiapas no votó para llegar a esos extremos de falta de civilidad y cordura”, afirmó la fuente al identificar a éste como el período más negro de la historia de Chiapas.
