Publicado viernes 9 de mayo del 2003Rafael Victorio / CPEl gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía ha asumido una actitud fascista en contra de los medios de comunicación, como el Cuarto Poder, y de dirigentes de organizaciones sociales, a quienes encarcela y persigue solamente por lanzar críticas y protestar en contra de la políticas públicas, afirmó el representante de la Boich, Octavio López Méndez.
Persecusiones
El Bloque de Organizaciones Independientes de Chiapas (Boich) afirmó que durante los dos años y medio de la administración estatal, ha existido una persecución de manera general, pero particularmente en contra de líderes que defienden los derechos sociales, como sucedió con el caso del magisterio de la Sección siete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Criticó que Pablo Salazar Mendiguchía destine millones de pesos para el mantenimiento de un fracasado equipo de fútbol de primera división como son “Los Jaguares de Chiapas”, mientras que se agudizan los problemas en materia de educación, salud y el programa de desarrollo productivo.
Sostuvo que muchas organizaciones sociales y campesinas han sido desarticuladas, al dar empleo a sus antiguos líderes, y mencionó que los casos de Gabriel Gutiérrez Ávila, Gustavo Zárate Vargas, Noé Hernández Caballero y Santiago Próspero, actuales subsecretarios de Gobierno, Desarrollo Agrario y policía privada.
Pero sumado a ello, han pretendido acallar la libertad de expresión encarcelando a periodistas, como es el caso del directivo del Cuarto Poder, Conrado de la Cruz Morales y del columnista Ángel Mario Ksheratto.
Por ello, ocho organizaciones que integran el Boich, en su asamblea estatal, se pronunciaron en contra de la represión el gobierno de Pablo Salazar a Cuarto Poder y exigieron respeto a la libertad de expresión.
Tarifa preferencial
Por otra parte, informó que en asamblea, las organizaciones ACLI, Movimiento Campesino Regional Independiente - Confederación Nacional Plan de Ayala (MOCRI - CNPA), OPEZ estatal, Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), entre otras, acordaron exigir a los gobiernos federal y estatal, frenar las constantes alzas a en la luz eléctrica y se pronunciaron para que se otorguen tarifas preferenciales.
Al mismo tiempo se pronunciaron por la libertad de todos los presos políticos, de conciencia, en el país; por un no a la privatización de la educación, de la salud, y energía eléctrica; que se frene la inseguridad e investiguen a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado que constantemente violan los derechos humanos, así como la destitución del subsecretario de Gobierno para la zona costa, José Domingo Guillén Ramos.
