Publicado el lunes 12 de mayo de 2003Carlos Herrera / CPPlanteada como una “alternativa” de desarrollo por el Gobierno estatal y federal, la Trans Textil Internacional (TTI), instalada en San Cristóbal de Las Casas, ha resultado ser un engaño más del Gobierno y ha provocado atropellos de carácter laboral.
Esa es parte de la conclusión de una investigación de Miguel Pickard, miembro del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), quien pone al descubierto situaciones graves que deberían ser investigadas y sancionadas por las instancias competentes.
El reporte empieza con una frase del gobernador Pablo Salazar dicha el 11 de abril del año 2002, al inaugurar la fábrica: “Estas son las alternativas que durante mucho tiempo soñamos para Chiapas”, pero el investigador de CIEPAC concluye: “No, señor gobernador Salazar, siga soñando, la maquila de exportación no es la alternativa que los chiapanecos deseamos para Chiapas”.
El reporte indica que este proyecto no ha cumplido con la suma de mil 500 empleos que ofreció, a lo mucho hay 450 trabajadores, mal pagados, que reciben el salario mínimo, unos 800 pesos mensuales, dinero que proviene de las becas otorgadas por el Servicio Estatal de Empleo.
Los empleados no tienen sindicato, y si alguien se atreve a denunciar esta situación, corre el riesgo de ser despedido, aunque en el peor de los casos, la permanencia de la fábrica no es segura porque así como llegó también se puede retirar, como ocurrió con una maquiladora de Acapulco, donde la empresa dejó a los trabajadores en la calle y trasladó esa misma maquinaria a San Cristóbal.
Apertura de la fábrica
Al abrir sus puertas fabricaba suéteres de exportación. Ahora, TTI recibe piezas de camisetas de plantas afiliadas en Puebla y Tlaxcala. Los trabajadores cosen las partes para armar unas 200 mil playeras completas al mes, aproximadamente, las cuales dejan altas ganancias debido a que se venden al mercado estadounidense a través de los almacenes de tiendas como Sears, Walmart, J.C. Penny, entre otras.
Otra situación grave es que para la instalación de la fábrica, los gobiernos federal, estatal y municipal otorgaron “incentivos a José Kamel Nacif Borge, dueño de la fábrica que pertenece al complejo Tarrant Apparel Group (TAG), conocido en el país como el “rey de la mezclilla”.
Funcionalidad: Fondos públicos
Los “incentivos” funcionan cuando los gobiernos transfieren fondos públicos hacia las empresas. En el caso de TTI, la transferencia de al menos 17 millones de pesos se distribuyó así: seis millones son del programa federal Marcha al Desarrollo, y otros 11 millones provienen del Gobierno estatal.
Los 6 millones fueron otorgados por el Gobierno federal con base en un compromiso de TTI de crear mil 500 empleos; por su parte, el Gobierno estatal compró con 10 millones de pesos la inmensa nave de 8 mil 400 metros cuadrados a su dueño anterior, Bodega Gigante, y se la dio a TTI en comodato, sin cobrar renta.
Además de estos abusos, la TTI tiene pendiente una deuda de casi dos millones de pesos con diversos constructores, proveedores y trabajadores, entre ellos la empresa Prefabricados, S.A. de C. V.
