"Reunidos en Quito, Ecuador, 400 editores y propietarios de diarios de todo el continente, miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), pidieron al gobierno mexicano que cumpla con su obligación de garantizar el libre ejercicio del periodismo, que esclarezca los asesinatos de periodistas en este país y que investigue a fondo las amenazas, intimidaciones, hostigamiento, atentados y crímenes contra los informadores.
La demanda reviste la mayor importancia. Procede de los medios de comunicación más influyentes de América, algunos de ellos son también víctimas de la violencia y de la represión, y tiene resonancia mundial.
El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, reaccionó con la sugerencia de que algunos de los periodistas victimados estaban implicados en actividades ajenas a su profesión. Es necesario que una investigación a fondo establezca la verdad de los hechos. El secretario discrepó con la apreciación de la SIP de que el gobierno mexicano había perdido la lucha contra la delincuencia organizada.
Mientras tanto, todos los medios de comunicación y los periodistas agredidos y sacrificados cuando cumplían su trascendente misión informativa merecen justicia y nos empenaremos en reclamarla hasta que se consiga. Una sociedad alerta no puede permanecer impasible cuando se lesionan los principales instrumentos que impulsan el desarrollo de la vida democrática, como la libre expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información.
El crimen organizado tiene la suficiente agudeza para advertir que debe demoler las estructuras de la libertad para crecer sin escollos. No se le puede permitir; claudicar en esta batalla es perder la guerra.
Narcotráfico y crimen organizado amenazan a la libertad de expresión no sólo en México, sino también en Brasil y Colombia, pero además México, junto con Cuba y Venezuela, concentra las principales preocupaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa en materia de obstáculos para el ejercicio del periodismo libre.
Comunicadores independientes de muchos países de América Latina padecen violencia, acoso y ataques legales que limitan el ejercicio pleno de su trabajo. En México, el diario El Manana, de Nuevo Laredo, fue atacado por un comando el 6 de febrero, con saldo de un reportero lesionado. La periodista, escritora y activista social Lydia Cacho fue atropellada en sus derechos humanos por el gobierno de Puebla, y en Oaxaca el diario Noticias está virtualmente cerrado por acciones de la autoridad local.
Una de las consecuencias lastimosas e indeseables de esta situación ha sido que periodistas y medios de comunicación entren en un proceso de autocensura. Hay periódicos que han resuelto desentenderse de la cobertura de los explosivos temas de la delincuencia mayor, que los ha hecho blanco de sus ataques para vengarse de sus revelaciones y para reprimirlos y desalentarlos. Esto no se puede aceptar.
De alguna manera eso permite que los delincuentes logren su objetivo de contener el libre flujo informativo. El periodismo, devenido así en una de las profesiones de mayor peligrosidad, ha hecho que la SIP edite un Mapa de Riesgo que registra y documenta la actual violencia contra periodistas y muestra cómo ésta influye en la labor preofesional cotidiana.
La presidenta de la SIP, Diana Daniels, vicepresidenta de The Washington Post Company, resumió la cuestión con sencillez: ""Más allá de la protección de una persona para que pueda ejercer su libertad de expresión, defendemos y promovemos el derecho del público a recibir información sin cortapisas"". En ello coincidimos por completo. (El Universal).
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