La activista trans por los derechos LGBT, Maricarmen Pereyra Vázquez, comentó que los métodos que utilizan los lugares que realizan las terapias de conversión no son únicamente la atención psicológica, emplean la tortura física y psicológica, con procesos que denigran la dignidad y la persona del o la joven.
Dijo que las también conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, no se pueden justificar bajo ningún argumento, ni siquiera considerar como un derecho de los padres y madres, debe ser considerado como un delito.
Sin protocolos
Recordó que si bien las terapias de conversión ya están prohibidas y penalizadas en una normativa, no se emitió ningún protocolo o reglamento de atención, supervisión o vigilancia a centros de adicciones y grupos religiosos, que son quienes por lo general realizan estas prácticas en Chiapas.
Como activista dijo que ha documentado varios casos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que son encerrados en centros de rehabilitación o supuestos retiros espirituales que tienen dicho objetivo, todo con el consentimiento de las familias, pero contra la voluntad del o la joven.
“Cómo es posible que un padre o una madre acceda a que lastimen, agredan, humillen a un hijo o una hija, y peor aún, que se justifique como un derecho, que no sea considerado un delito por la ley o como algo malo socialmente”.
En junio de 2025, el pleno del Congreso de Chiapas aprobó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado en materia de prohibición de las terapias de conversión; castiga de manera penal a quienes impartan, obliguen, financien o sometan a personas a estas prácticas.
La propuesta contempló que las terapias fueran tipificadas como delito y también se castigara a las personas que ubiquen a estas diversidades y las orillen a llevarlas a cabo.
