En un suceso que fue calificado como histórico durante la sesión extraordinaria de ayer miércoles, el pleno del Congreso del Estado aprobó la conocida Ley 3 de 3, que busca que los violentadores o deudores alimentarios no aparezcan en las boletas electorales de 2024.
Con la presencia de 32 legisladoras y diputados, se votó el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, debido a que se agregó la fracción sexta al artículo 23 de la Constitución Política de Chiapas sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada local, Elizabeth Escobedo, explicó que lo aprobado se traduce en suspensión de derechos para aquellas personas que tengan una sentencia en firme de delitos que atenten contra la vida, la integridad corporal, violencia familiar, libertad sexual, violencia familiar equiparada, violencia en razón de género en cualquiera de sus modalidades, además de personas deudoras alimentarias.
Determinación
Quienes estén bajo esas condiciones no podrán registrarse en candidaturas para cargos de elección popular, también tendrán prohibido nombramientos en empleos, cargos o comisiones para el servicio público.
La diputada local dijo que todas las instituciones y la sociedad deben trabajar de forma conjunta para erradicar todo tipo de violencia. Respetando la autonomía de poderes, añadió que desde el Ejecutivo estatal y el Legislativo se han impulsado acciones que tienen un enfoque de igualdad y de derechos humanos.
Padrón
En ese mismo sentido, María Enriqueta Burelo, representante del Colectivo 50+1, agregó que la aprobación implicará la creación de un padrón que correrá a cargo de las autoridades y se cruzará información con los órganos electorales para corroborar los datos cuando se presenten las candidaturas.
Uno de los puntos claves, añadió, es que las mujeres que se sientan violentadas acudan a las instituciones para obtener una sentencia en firme y se aplique la nueva disposición y no haya forma en que los agresores participen en procesos electorales.