"Francisco Valdés Ugalde * El Universal. En varios países latinoamericanos se ha extendido la idea de que la democracia directa es un modelo de participación popular que ""supera"" los mecanismos de la democracia representativa.
Venezuela, Nicaragua y Ecuador están entre ellos. Siguiendo un modelo implantado en Cuba que tiene su expresión en los Comités de Defensa de la Revolución y que en la isla, a su vez fueron inspirados en la experiencia de Libia, los Círculos y Comités Bolivarianos en Venezuela y los Consejos de Poder Ciudadano en Nicaragua buscan erigirse en formas de ""poder popular"". En Venezuela hace ya tiempo que estas organizaciones están actuantes. En Nicaragua fueron rechazadas por la ""derecha"" en la Asamblea Nacional, con el argumento de que consisten en ""un mecanismo de chantaje y terror"" que conduce al ""totalitarismo"" (EL UNIVERSAL, 21/11/07, A4, nota de José Meléndez).
En otros países se han propuesto diversas modalidades de la democracia directa, entre ellas la ""revocación de mandato"". En Ecuador esta figura está contenida, a lado de otras similares, en el proyecto que debate la Constituyente en ese país. En México, esta misma figura ha sido propuesta por algunos sectores del PRD y otras organizaciones.
Es evidente que, al menos en los países con democracia electoral, el valor y la expectativa que explícitamente se aduce para avanzar estas formas de organización del poder, es fortalecer la capacidad de la ""base popular"" para definir el rumbo de la política e incidir en el gobierno a nivel territorial de las comunidades.
Pero un examen más cercano a estas formas revela que más allá de las bondadosas definiciones conceptuales, las prácticas de la democracia directa tienen finalidades o consecuencias que van más allá de ellas e, inclusive, las contradicen.
En los sistemas políticos en los que se implanta la figura de un caudillo en la Presidencia con aspiraciones de cambio social de gran calado, los comités populares, sea cual sea el nombre que reciban, juegan en la práctica la función de un baipás entre el líder máximo y la base social, evitando el contrapeso de los poderes Legislativo y Judicial, y de las estructuras de gobierno electas a nivel regional y local. Resulta entonces una forma muy conveniente a los efectos de imponer la voluntad del proyecto emanado desde la cúspide del Estado sin someterse a los filtros de la representación electa ni, en última instancia, de la justicia constitucional.
En este asunto, el problema no reside en la plausible intención de mejorar y aumentar el poder del pueblo, sino, precisamente, en que este poder se organiza, desde su concepto mismo, paralelamente a las estructuras de la democracia representativa y busca hacerla a un lado, cancelando su institución mínima y fundamental: la formación del gobierno mediante el voto igualitario de los electores.
De ahí que, así planteada, la democracia directa es, en efecto, una forma de conducir a modalidades autoritarias de ejercicio del poder político. Esto ocurre especialmente en sistemas políticos en los que la institución presidencial está dotada de gran poder y a la que, como es el caso actual de Venezuela, llegan personajes que ""encarnan"" una voluntad de cambio social indiscutible, o sea, que no se puede discutir.
La democracia directa mezclada con el presidencialismo es una vía segura para arrollar el derecho (individual y social) a elegir gobernantes y removerlos a través del mismo procedimiento en elecciones sucesivas.
De hecho, la sola presencia de sistemas presidenciales fuertes ha implicado que cuando sus titulares obtienen supermayorías se sigue casi universalmente su imposición a los demás poderes y órganos de gobierno. Esta es una historia persistente en América Latina y los casos que hoy vemos no son sino reediciones de experiencias anteriores, a pesar de lo que dicen quienes, en su ignorancia, creen que estas fórmulas son innovadoras.
La revocación de mandato es una forma distinta de democracia directa. Consiste en la facultad de remover a las autoridades electas si su gestión es desaprobada por una porción relevante del electorado. Regularmente, el procedimiento para llevarla a cabo consiste en la reunión de firmas que representen una mayoría de la lista electoral. Si procede se va entonces a nuevas elecciones que se anticipan con respecto al cumplimiento del mandato temporal del funcionario cuestionado.
Desde luego, se trata de una forma diferente comparada con los comités populares con poder de gobierno. No obstante su aparente idoneidad para deshacerse de autoridades corruptas, ineptas o ambas cosas, en las democracias precarias constituye un incentivo de los perdedores en las urnas para continuar eternamente, por otra vía, la lucha por los puestos de elección, produciendo interferencias constantes con la eficiencia del gobierno.
Es evidente que en América Latina sobran razones para la inconformidad y el cambio. Pero entre ellas también sobresale la negativa, por parte de muchos partidos y dirigentes, a comprender las ventajas de la democracia representativa como método para desahogar la insatisfacción y canalizar civilizadamente el cambio. En el curso dominante que toman sociedades políticas como las de Nicaragua y Venezuela revive el afán del caudillismo y la imposición ""mayoritaria"" sin garantías para las minorías y con la tentación constante de suprimir los contrapesos propios de la democracia. Son situaciones típicas en las que se arroja al nino con todo y el agua sucia de la banera.
El camino inexplorado se antoja más fructífero. Si se trata de adaptar los sistemas políticos para hacerlos más representativos, el peor camino es la reiteración enfermiza del presidencialismo, por más ""popular"" que sea. De ahí que ponerlo en cuestión a favor de la exploración de fórmulas constitucionales mixtas y proporcionales sea una tarea indispensable para limitar el poder hipertrofiado en beneficio del cambio social. [email protected] + Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
"
