Recortar el proceso electoral

Efectivamente, las reformas a la ley electoral para aplazar el inicio del proceso electoral de Chiapas, van a representar sacrificios, referentes a los tiempos, de todos los actores políticos involucrados y del árbitro electoral, en este caso el IEPC, pero no se ven formas contundentes y válidas para rechazarlas.

No hay forma de oponerse a esa iniciativa porque los argumentos para dicho aplazamiento están concentrados en tan solo dos puntos clave: preservar la salud de los chiapanecos y buscar un ahorro presupuestal que pudiera ser destinado a actividades más necesarias y urgentes.

Frente a eso, nadie podrá decir que no. Nadie podrá negarse, así nomás porque así, a la idea de preservar la salud de los chiapanecos y tampoco nadie, estando en sus cabales, podrá negarse a la búsqueda de ahorros presupuestales en estos tiempos de crisis sanitaria, de crisis económica y de austeridad que ya venía desde mucho antes.

Otras entidades del país ya lo hicieron. Tuvieron que dar una prórroga al inicio de sus comicios locales.

El Congreso del Estado de México aprobó, por unanimidad, posponer el inicio del proceso electoral cuatro meses. Empezaba en septiembre de este año y ahora iniciará en enero de 2021.

Trece estados tendrán comicios locales en 2021 y deberán ser electos igualmente quinientos diputados federales en esa misma fecha.

En el caso de Chiapas, hay que recordar que la parte más grave de la pandemia originada por el Coronavirus ya habrá pasado para el mes de octubre. Pero solamente la parte más grave. Con toda seguridad, habrá todavía contagios. Con toda seguridad, habrá todavía uno que otro enfermo por ahí con riesgo de contagiar a los demás. La enfermedad tal vez ya esté controlada. Pero no estaremos en condiciones todavía, para esas fechas, de andar haciendo actos masivos.

Declarar el inicio de un proceso electoral activa a todos, a aspirantes a un cargo de elección popular, a los partidos políticos y a las autoridades electorales. Los presidentes municipales y diputados en funciones, que ya tienen permitida una reelección, también van a distraerse. Significará movilización de personas en todos lados. Y no estaremos en octubre todavía en condiciones de andar del tingo al tango.

Los gobiernos de todo el mundo están haciendo todo lo posible para que no haya rebrotes de esos contagios. Un rebrote vendría a ser peor que los meses que hemos estado viviendo.

Así que bien vale la pena tomar todas las previsiones desde ahora.

Viendo todo ese contexto, no tenemos más que coincidir en que el gobernador, Rutilio Escandón, tuvo razón en proponer dicha iniciativa de ley en la cual esgrimió los argumentos que acabo de repetir en párrafos anteriores.

Por lo tanto, quienes estén en desacuerdo tendrían que lanzar un argumento más fuerte que esos dos: preservar la salud de la gente y ahorrar dinero.

No van a tener argumentos más fuertes que esos. No deberían perder el tiempo en estar ideando cómo echar atrás esa iniciativa. Deberían estar imaginándose cómo le van a hacer para acoplarse al nuevo calendario y en cómo le van a hacer para hacer todo lo que les corresponde hacer en el tiempo que se les va a conceder.

 Aquí el contexto en Chiapas

Los partidos políticos, los aspirantes a un cargo de elección popular y los integrantes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) local están ahora en una encrucijada. Los diputados han aprobado un dictamen que pide una prórroga de tres meses para el inicio del proceso electoral local 2020-2021.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Chiapas aprobó, por mayoría, el dictamen que pide aplazar el inicio de las elecciones locales de esta entidad de octubre –como está en la actual ley- al 15 de enero de 2021.

De ser aprobado por el pleno ese dictamen, significaría recortar tres meses el proceso electoral con todo lo que eso significa: el IEPC tendría que recortar su calendario electoral, reducir el tiempo de sus actividades y, asimismo, multiplicar sus trabajos para hacer en seis meses lo que regularmente se ha hecho en nueve.

Tendrá que ajustar su cronograma de actividades a esas fechas las cuales tienen que ver con múltiples acciones, entre las cuales destacan la integración de los consejos municipales y distritales, la capacitación de todos ellos, la insaculación de los representantes de casillas y la capacitación de todos ellos, entre muchas otras.

Los partidos políticos estarían en las mismas circunstancias porque, en el caso de ellos, tienen que establecer un calendario de selección interna de candidatos y su posterior validación, entre otros hechos.

Recordemos que en ese proceso habrá de elegirse a 124 miembros de ayuntamientos y cuarenta diputados locales.

En la comisión de gobernación y puntos constitucionales se dijeron algunas cosas importantes en contra de dicha iniciativa, pero no se antojan contundentes.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Valeria Santiago, por ejemplo, pidió que se regresara a revisión el dictamen porque, a su juicio, dichas reformas afectarán el desarrollo del proceso electoral, limitará el derecho de participación de los actores y los partidos políticos y se podría prestar a irregularidades.

La legisladora Jeaneth Ovando, del PAN, estuvo en la misma tesitura que su compañera del Verde: regresar el dictamen a otra revisión porque, a su juicio, esas reformas podrían propiciar que algunos actores y partidos se aprovechen de la crisis sanitaria para llevar agua a su molino, y porque podrían dar pie a irregularidades.

El diputado de Morena, Marcelo Toledo, defendió la iniciativa y argumentó que, siempre y cuando sean observadas las leyes, no habría por qué temer a potenciales irregularidades. Esos son datos de lo ocurrido en la sesión donde se dictaminó el tema.

alexmoguels@hotmail.com