Focos rojos en Chiapas por violencia e inseguridad
Escribo desde Los Altos de Chiapas, en el siempre Mágico Pueblo de San Cristóbal de Las Casas, que tanto amó y vivió en sus angustias el aguerrido y querido amigo obispo don Samuel Ruiz García.
Tierra de muchos episodios históricos importantes en la Frontera Sur de México, y que hoy contar las más recientes, no son agradables sino más bien demasiado tristes para sus gentes, ante el surgimiento de acontecimientos violentos pocas veces vistos, al convertirse en blancos fáciles del crimen organizado, ante la indefensión que enfrentan y que en los últimos días tuvo entre sus objetivos, a dos distinguidos sancristobalenses, investigadores de la naturaleza y empresarios turísticos, asesinados por la noche del viernes 26 de julio, a la altura del kilómetro 24 de la autopista de cuota que comunica a Tuxtla Gutiérrez.
El móvil de la doble ejecución, presuntamente sería el robo de la camioneta (Toyota modelo 2006), del prestigiado doctor Renato Zárate Castañeda, de 74 años de edad y su esposa, la investigadora de origen estadounidense, Lauren Green Faunt, de 71 años, en los momentos en que habían acudido al lugar para recolectar insectos nocturnos.
Sus cuerpos fueron encontrados por la mañana del sábado 28, acribillados por los disparos de armas calibre 22, sin que hasta ahora se sepa más de los hechos criminales, que siguen siendo condenados por la sociedad, evidenciando que la delincuncia ha rebasado a las autoridades municipales, estatales y federales.
Quebranto de la paz social en la capital del turismo chiapaneco, centro multicultural por excelencia, con visitantes de todo el país y el mundo, que forma parte de un espacio geográfico de influencia, que se amplía por todos los municipios indígenas, donde grupos minoritarios, que desde siempre han impuesto su ley, pasando por encima del orden constitucional, al incurrir en el abuso del sistema de Usos y Costumbres.
Un panorama de crisis por la extrema inseguridad, que mantiene en la zozobra a un refugio turístico de fama mundial, que sufre los efectos de la desconfianza del visitante, como también ocurre en muchas partes del territorio estatal, que enciende los focos rojos por crecientes hechos de sangre y miedo social ante la impunidad, por la falta de capacidad de quienes tiene la responsabilidad de salvaguardar los patrimonios y vidas de más de cinco millones de chiapanecos.
Demostraciones de rechazo a esa situación que se complica ante la ausencia del Estado de Derecho, que permite el desbordamiento de conductas intolerantes, que no respetan ni a la misma autoridad, y que en el fondo pudieran ser auspiciadas por políticos de nuevo cuño, interesados en asumir el poder al precio que sea, desde sus nuevas trincheras curuleras a las que han arribado en la forma más deshonesta y cínica, por lo que “ahora representan el cambio”.
Estamos pues viviendo una época de hechos inéditos y que por lo mismo deberían preocupar a una clase gobernante, en la que el titular de las instituciones pareciera caminar solo, mientras en todos su flancos de manera abierta o encubierta se desata la pugna por el control del rumbo, ante un supuesto vacío de poder.
Intereses reactivados de los extodopoderosos idos, que han dejado sus estelas incrustadas en la Administración estatal, no para solucionar conflictos sociales, sino para atizarlos y fortalecer los ya existentes o crear nuevos.
Complicación mayor de la problematica social, como resultado de la incapacidad, falta de visión, de sensibilidad y prevalencia de ignorancia y mala fe, parecieran identificar a quienes el titular del Ejecutivo estatal Rutilio Escandón, ha encomendado las tareas de diálogo para atenderla y resolverla en la inmediatez, con estricto apego a la ley.
No ocurre así, lamentablemehte para la gran mayoría de los chiapanecos que desean vivir en paz, como ha he venido a demostrar la manifestación que frente al Palacio Estatal de Gobierno de Chiapas, realizaron este miércoles 31 de julio familiares de los cinco policías de la Administración de la entidad, secuestrados el pasado jueves 18, por un grupo de indígenas pertenecientes al denominado Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en el selvático ejido Río Florido del municipio de Ocosingo, da idea de la angustiadese que prevalece, al ofrecerse las madres y cónyuges, como “rehenes en intercambio”.
Una gran manta sería enarbolada por un contingente de 100 personas, integrado por las progenitoras, esposas, hijos, hermanas, sobrinos y amigos de los agentes de la ley, privados de su libertad cuando cumplían con su trabajo, en la que se leía: “Gobierno, exigimos mesa de diálogo para la liberación inmediata de nuestros esposos retenidos en el ejido Río Florido, municipio de Ocosingo, Chiapas”. Una segunda, en la que escribieron: “Sr. Gobernador, exigimos pronta Liberación de 5 policías retenidos en Ocosingo”.
El argumento acompañado del llanto, una vez agotada su paciencia, y desesperación, como respuesta oficial, por lo que decidieron tomar como ruta para la expresión de su impotencia, la avenida principal de la capital chiapaneca y marchar desde el parque Bicentenario hasta la Plaza de los Tres Poderes, demandando a gritos la liberación de sus seres queridos y exigiendo a las autoridades superiores, “que actúen y no se queden con los brazos cruzados”.
Esta vez no se trató de ninguna manifestación de profesores de la sección séptima de la Coordinadora, o de la 40 de la SNTE, que afectaría el tránsito vehicular, sino de mujeres, hombres y niños, que alzaban el tono de sus voces, solicitando información frente a la sede del Poder Ejecutivo, sobre los cinco elementos de las Policías ministeriales de la Fiscalía General de Justicia y de la Estatal Preventiva.
Los agentes gubernamentales se encuentran en poder de los miembros del FNLS, quienes han acordado dejarlos libres a cambio de la libertad de su compañero militante en Venustiano Carranza, Javier González Díaz, de 45 años, al que consideran un “preso político”, el cual, aseguran, fue detenido y desaparecido 24 horas, y luego encarcelado por la Fiscalía General del Estado, por la mañana del miércoles 17 de julio, en el municipio de Las Rosas, acusado del presunto delito de robo con violencia.
La respuesta de sus correligionarios de Río Florido, por su aseguramiento, se daría al día siguiente, al interceptar y tomar como rehenes a los cinco elementos policíacos del gobierno estatal, a los que utilizan como mecanismo de presión, agregando acciones violentas, como la quema de dos vehículos de carga pesada en los tramos de Venustiano Carranza-Pujiltic y en las inmediaciones de la comunidad de Río Blanco.
Los indígenas inconformes de Río Florido, del municipio de Ocosingo, han llegado en los últimos días a situaciones extremas, como las registradas el martes 23 de julio, de bloquear el paso y apoderarse de un vehículo blindado del ServicioPanamericano de Seguridad, que transportaba 10 millones 952 mil 463 pesos, según la denuncia de la empresa por robo con violencia ante las autoridades.
Tanto el vehículo como tres escopetas y un revolver que portaban de los custodios privados, que ya fueron liberados, se encuentran en poder del grupo beligerante, contra el cual existen, de 2015 a la fecha, según afirma la Fiscalía General del Estado, 111 denuncias por la presunta comisión de delitos que incluyen ataques a las vías de comunicación, robo a transportistas, privación ilegal de la libertad, retención de funcionarios, robo de vehículo, asociación delictuosa, pandillerismo y daños, a las que se agregan por los ilícitos recientes robo con violencia y robo de mercancía, además de secuestro de los cinco policías.
La mayoría de la población de Ocosingo, observa con preocupación y temor los acontecimientos, que han motivado esta misma semana el reforzamiento de la fuerza operativa que la Mesa de Seguridad Estatal que coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien ha ordenado mantener una fuerza interinstitucional, en la cabecera y en la jurisdicción municipal, para garantizar la seguridad, la paz y la libertad de tránsito en la región, en el segundo mes de las vacaciones escolares de verano.
Pero el daño está hecho, al generarse una imagen negativa de Chiapas al resto de la entidad, del país y al mundo, que finalmente ha repercutido en un agravamiento del desplome del turismo, derivado también por la falta de promoción en los Foros más importantes del mundo, como los Tianguis de Turismo Internacional de Berlín y Madrid, en el inicio de 2019, debido a la extrema austeridad presupuestal pautada por el Gobierno federal, que ha impedido la participación del tradicional Pabellón de México, en el cual ha estado siempre presente Chiapas.
El saldo adverso es una realidad indiscutible, por aquello de que alguièn tenga otros datos. En las páginas de Cuarto Poder del 1 de agosto, las declaraciones de la Unión de Empresarios Turísticos del Segmento Naturaleza, en el sentido de que derivado de los bloqueos y violencia registrados en el tramo San Cristóbal de las Casas-Ocosingo, ha provocado la caída del 35 por ciento del turismo a esta importante Región, especialmente en la emblemática Lacanjá.
De nuevo la reiteración que no se escucha a las autoridades de seguridad estatales, federales y municipales, de atender la demanda cíclica en los períodos vacacionales, de mayor presencia policíaca en tan importante vìa de comunicación, que históricamente son de reincidencia para los grupos sociales que acostumbran realizar bloqueos, boteos y asaltos.
El municipio de Ocosingo se ha convertido en un lugar de alto riesgo en Chiapas, pues no obstante la presencia en la zona de elementos de la Guardia Nacional y de Policías estatales y municipales, la mañana del lunes 29 de julio, momentos después de aterrizar en la pista de la comunidad de Santa Lucía, el personal a cargo entregó a personal oficial 800 mil pesos en efectivo, que fueron guardados
de inmediato en un vehículo custodiado por tres policías rurales.
Apenas habían avanzado unos metros, cuando aparecería un grupo armado integrado por cuatro individuos armados que de inmediato dispararon contra los agentes de la ley, asesinando a Enrique Hernández Cruz e hiriendo gravemente a Leandro Hernández Jiménez, además de lesionar a su compañera Alejandra, quienes trataron de impedir el atraco.
El dinero estaba destinado al pago de becas de jóvenes que participan en programas federales de cinco ejidos de la Selva Lacandona (como Ojo de Agua San Jacinto, Laguna Santa Elena, Nuevo Ibarra y San Francisco).
Parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera “hay mano negra” en Chiapas, al focalizarse situaciones delictivas en el corazón turístico de una entidad, que en esta actividad empezaba a fortalecer la alternativa más importante de su economía, ante la ausencia de actividad industrial, afectada todavía más por la cancelación ordenada por el Ejecutivo Federal, del proyecto de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, que sería un detonante sin precedente para la inversión nacional y extranjera.
Por lo pronto, hay focos rojos demasiado peligrosos para la paz y la estabilidad social en la Frontera Sur de México, a los que deberá atenderse con la razón y no con la fuerza.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.