Militares para frenar migrantes en Guatemala y México
Lo que ha ocurrido en las últimas horas del fin de semana, en Guatemala, donde este sábado 16 de enero el garrote vil y los gases lacrimógenos han sido aplicados con toda severidad por militares, a miles de migrantes procedentes de Honduras, evidencia el nuevo tratamiento del gobierno chapín a los indocumentados procedentes de Honduras, dando con ello fin al apoyo incondicional que brindaron con fines electorales a la agónica administración de Donald Trump, desde finales de 2018.
Cambio radical de la política cómplice del presidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla (2020-2024), de 64 años, quien junto con su antecesor James Ernesto (Jimmy) Morales Cabrera, permitieron desde 2018, el paso libre hacia México, de más de un millón de indocumentados, procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Haití, Ecuador, Venezuela, Congo, Angola, Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Sudán, Líbano, Afganistán, Iraq y Turquía, entre otros.
Formación y desplazamiento desde la hondureña San Pedro Sula, de las llamadas “caravanas del hambre” o de “la muerte”, con financiamiento estadounidense que tendría paso libre de los indocumentados por Guatemala y México, con el respaldo de los respectivos gobiernos del lado mexicano, primero de Enrique Peña Nieto y luego de Andrés Manuel López Obrador.
Fallarían los cálculos a los mandatarios hondureño (Juan Orlando Alvarado) de los guatemaltecos Morales y Giammattei, así como de Peña Nieto y López Obrador, pues una vez que el Servicio de Inmigración de Trump vio rebasada la cantidad considerada de 400 mil ilegales, para iniciar la “Operación Deportación”, que mostraría el músculo reeleccionista del inquilino de la Casa Blanca, para congratularse con sus simpatizantes y de esta forma evitar que los de “color café” llegaran a quitarles sus trabajos.
Ante el desbordamiento por la entrada masiva tolerada por la Patrulla Fronteriza a la Unión Americana, Donald Trump, decidiría no solamente aplicar la ley para echarlos del país, sino que advertiría a su “aliado” Andrés Manuel López Obrador, de que si para octubre de 2019, no frenaba la migración indocumentada por su Frontera Sur con Centroamérica, impondría a partir del mes de junio, un cinco por ciento mensual de impuestos a los productos mexicanos que ingresaran a Estados Unidos.
Sería entonces cuando con carácter de emergencia el canciller Marcelo Ebrard Casaoubon, viajaría a Washington, para sostener una reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que sin que hubiese fundamento real, sino más bien teórico, se comprometería a enviar seis mil elementos de la Guardia Nacional a la Frontera con Guatemala, para crear un muro de contención y poner un alto al flujo extranjero que ilegalmente pretendiera llegar a territorio de la bandera de las franjas y las estrellas, utilizando a México.
Todo un engaño del jefe de la diplomacia mexicana a su colega Pompeo, pues la nueva institución federal de seguridad, solamente estaba plasmada en el decreto del Diario Oficial de principios de 2019, más no en la realidad, la cual por cierto sería integrada por civiles, por lo que ante el temor de la sanción al país con elevados aranceles, se dispondría de inmediato que tanto el Ejército como la Armada, destinaran contingentes habilitados como miembros de la nueva “Guardia Nacional”.
Un cumplimiento en el papel, más no en los hechos, pues los contingentes de la GN, vestidos con uniformes de las dos instituciones que se hacían notorias en las siglas inscritas en los chalecos antibalas y los correspondientes transportes camuflageados de verde olivo y gris.
Presencia para la foto, que no llegaba a más de mil 500 efectivos, apoyados por agentes del Instituto Nacional de Migración y corporaciones policíacas estatales.
Fin de una luna de miel, del gobierno mexicano en el trato a los cientos de miles de extranjeros ilegales, que desde los meses finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2018, fueron tratados como nunca, para congratularse con las aspiraciones de Trump, que si bien las pondría en práctica, al echar prontamente de su país a su trastienda mexicana a los invasores, como parte de su campaña proselitista de reelección, con miras al 3 de noviembre de 2020, por otros cuatro años en el poder.
Por aquellos días, el gobernante en turno ordenó para su desplazamiento a las ciudades estratégicas en la colindancia con la Unión Americana, poner a disposición de los migrantes de muchas partes del mundo, autobuses de lujo de la empresa “ETN”, con aire acondicionado, televisión, ventanas panorámicas, dos baños a bordo, asientos reclinables, además de proporcionarles alimentación en todas las rutas, en toda la línea limítrofe, del Océano Pacífico al Golfo de México, desde Tijuana a Matamoros.
Para no quedarse atrás en la acción de congratularse con Trump, semanas previas a su toma de posesión, en noviembre, López Obrador anunciaría en Tuxtla Gutiérrez, en el cierre de su “gira de agradecimiento”, que además de continuar apoyando los desplazamientos terrestres, su gobierno que iniciaría el 1 de diciembre de 2018, pondría a disposición de los indocumentados que desearan quedarse en Chiapas, 80 mil plazas de trabajo.
Una oferta que a nadie interesaría, ya que los extranjeros tenían como objetivo el ingresar a territorio estadounidense, aprovechando todas las facilidades ilimitadas del gobierno mexicano, que sobre ellos no ejercía ningún tipo de control migratorio como tampoco sanitario.
Un desbordamiento nunca contemplado por el equipo gubernamental, que empezaría a generar presiones por parte de Washington, antes del desencadenamiento de la amenaza de junio de 2019, por lo que para entonces el Instituto Nacional de Migración había dejado de otorgar los salvoconductos de desplazamiento por el país hacia la Frontera Norte.
Situación que propiciaría un caos existencial en Tapachula, la ciudad más importante de la Frontera Sur y sus municipios aledaños, que daría margen a la inconformidad de los migrantes, que iniciarían caravanas de cientos por la carretera costera, rumbo al centro de la república, mezclados con niños, haciendo caso omiso del ordenamiento federal de aguardar el otorgamiento de permisos para seguir avanzando.
Vendrían las quejas, sin éxito, ante la representación en la Región, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), mientras seguía el flujo gradual de indocumentados a Tapachula, donde los extranjeros empezarían a rentar viviendas para vivir en hacinamiento o dormir en albergues de la iglesia católica, tratando de evitar la protección en el Centro de Atención de Migración, que se encontraba saturado.
Muchos empezarían a aceptar de mala gana, para subsistir, los trabajos temporales de limpieza que con recursos federales ofrecería la autoridad municipal, con salarios de 200 pesos por jornadas de cuatro horas a los extranjeros, que causarían el enojo de la gente local desempleada o de aquella que su salario no llegaba siquiera a los 120 pesos diarios por jornadas de ocho horas.
Presencia de migrantes de diversas nacionalidades, que a pesar de permanecer en la localidad, no serían sometidos, ni para un seguimiento mínimo de su estancia, a un censo poblacional y menos aún, sanitario.
Sin ningún estudio de por medio, el Instituto Nacional de Migración, que hasta ahora, un año después no ha entregado la documentación que permita el libre tránsito a los interesados, estimaría oficialmente que en Tapachula se encuentran viviendo aproximadamente 50 mil indocumentados, entre adultos y niños, cifra no creíble dada la proliferación de ellos por todos los rumbos de la ciudad, por lo que su número podría ser por los menos de 100 mil.
Gente que definitivamente ha sido abandonada a su suerte por el Gobierno Federal, en cuanto a su intención de llegar hasta los Estados Unidos, en mucho por el grave problema que representan los migrantes de diversas partes del mundo, que de manera ilegal fueron enviados al lado mexicano, sin la autorización de la Administración de López Obrador, con el argumento del Servicio de Inmigración estadounidense, de que deberán aguardar ahí, especialmente en Tijuana o Ciudad Juárez, la respuesta a su solicitud de asilo político.
Circunstancia que ha favorecido a implantación del viejo esquema de la trata de migrantes, mediante la alianza de autoridades-agentes de migración-traficantes, para trasladar de manera constante, grupos de desesperados indocumentados, por las rutas tradicionales, a toda hora.
El surgimiento de la pandemia del Covid-19 durante 2020, si bien es cierto que disminuyó el flujo, tampoco cesó, en mucho por el relajamiento de la presencia de los efectivos militares de la Guardia Nacional, que se han convertido en figuras decorativas en la ribera poniente del río Suchiate, que es escenario de contrabando de mercancías en ambos sentido, así como de drogas en la modalidad “hormiga”.
Brusco despertar del letargo de esta instancia de seguridad coadyuvante del Instituto Nacional de Migración y de otras Corporaciones estatales y municipales, una vez que desde Honduras se anuncia la formación de una nueva “caravana del hambre”, otra vez desde San Pedro Sula, conformada por más de nueve mil personas.
Preparativos para la marcha migratoria, en los que se detecta nuevamente financiamiento de la Casa Blanca, y que el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado pasa por alto, para evitar críticas de sus enemigos políticos a su gobierno, preocupado por el fin de su mandato en enero de 2022, siendo fiel a las últimas consigna de su homólogo estadounidense Donald Trump, de crear con los indocumentados centroamericanos, un factor de riesgo y desestabilización, en la administración que dará comienzo el próximo miércoles 20.
El mandatario guatemalteco
Giammattei Falla lo sabe y decide no correr ningún riesgo, pues su gestión culminará hasta 2024 y mucho tendrá todavía que tratar y negociar con el presidente Joe Biden, consciente de que esta situación es resultado del agravamiento de la ya de por sí compleja problemática del pueblo hondureño, sumido en la violencia extrema, narcotráfico, inseguridad y mayor empobrecimiento después de ser afectados por los dos últimos huracanes “Zeta” e “Iota”.
A Alejandro Eduardo Giammattei Falla, no le interesa lo que le pasa al vecino. Lo único que está en su mente, es alinearse al nuevo jefe de la Casa Blanca y ordena a su ministro de la Defensa y a todos los mandos policiales, enfrentar con toda la fuerza y recursos disponibles, el mínimo intento de los inmigrantes de atravesar territorio guatemalteco para llegar a la línea con México, utilizando como mecanismo radical, la represión mediante el garrote vil y los gases lacrimógenos.
Giro de extremos en el trato al drama común, no únicamente con Honduras y El Salvador, sino con México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dispuesto la implementación de medidas más estrictas, encabezadas por elementos del Ejército y la Armada, en respaldo a los agentes del INM y de la Guardia Nacional, que en ocasiones anteriores han sido humillados por grupos de delincuentes que los han agredido físicamente y hasta con piedras.
Al frente del operativo, se ubica un reconocido y respetado militar de alto rango, el general Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la XXXVI Zona Militar, con sede en Tapachula, y coordinador de la Guardia Nacional en el Sureste del país, que seguramente antepondrá la normatividad que rige en el ámbito internacional, el trato y atención de la migración extranjera, dando prioridad al respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la obligación de los indocumentados acatar nuestro sistema constitucional.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.