Notario es vinculado a proceso
El pasado 11 de marzo de este año, clausuraron la notaría de Luis Gabriel Sánchez Velázquez, exdiputado local del Partido Verde Ecologista de México. Esa sería solo la primera acción en su contra, ya que en ese momento se revocó y canceló la patente de la Notaría Pública 106 con sede en Chiapa de Corzo por presuntas irregularidades, aunque nunca se especificaron cuáles.
Sin embargo, ayer la Fiscalía General del Estado dio a conocer que fue judicializada ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región I de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla la carpeta de investigación 010-101-0201-2019, con la Causa Penal 171/2019, instruida en contra de Luis Gabriel “N”, por el presunto delito de falsificación de documentos en agravio de Claudia “N”.
Lo que llama la atención es que no es el único notario que ha participado en acciones que pueden considerarse ilícitas, pero específicamente se han ensañado con este notario que fue uno de los primeros beneficiados con las notarías entregadas en la administración gubernamental de Juan Sabines, y no en el último paquete sino entre los primeros. Pero además, por el caso de Claudia “N”, cuando hay otros temas que atendió el notario y que podrían tener mayor peso en las acciones judiciales, solo que involucrarían a personajes políticos de mayor peso.
Por ejemplo, en su momento a Luis Gabriel le tocó conocer de la venta de un terreno presuntamente propiedad de Alejandro Orantes Cuello, cuya comercialización se realizó con Julián de Nicolás, un importante empresario de Casas Geo que ha realizado diversas inversiones en la entidad. Este predio tendría un costo de 22 millones de pesos, pero Orantes Cuello lo comercializó en 8 millones 210 mil 127 pesos. Ahora bien, ¿dónde está el delito, se preguntará usted?, pues resulta que el terreno no pertenecía a Orantes Cuello sino al gobierno del Estado.
En este sentido puedo reiterar que hay casos más graves para enjuiciarlo, incluso el mismo gobierno podría hacerle una denuncia, pero es la acusación de Claudia “N” la que lleva a los tribunales, al que fue titular de la Notaría 106, que por cierto, le ofrecieron un pago de 450 mil pesos por hacer las escrituras a Alejandro Orantes Cuello, que también es titular de la Notaría 136, pero que prefirió contratar los servicios de su homologo aunque nunca le pagó, pese a que los compradores cumplieron en tiempo con los recursos. Los documentos de este caso existen y son a todas luces un fraude en contra del patrimonio del gobierno del estado que tenía esta propiedad en garantía por haber sido aval del Ayuntamiento de Tuxtla en un préstamo que éste hiciera a Banobras.
Ahora bien, en temas relacionados a embargos realizados y rematados por el Ayuntamiento capitalino en la administración 2015-2018, fungió en muchos casos el notario público Juan José Fuentes Pariente como lo reveló en su momento la extitular de Política Fiscal, Silvia Arely Díaz Santiago, que incluso vinculó al Colegio de Notarios en los escandalosos casos que se dieron en el ayuntamiento capitalino al embargar propiedades con gran valor y rematarlas a conveniencia.
Con lo anterior quiero decir que existen muchos notarios públicos más que deben investigarse y por temas trascendentes que incluso, afectan al patrimonio público del estado. Por ejemplo, en Tecpatán se dice que una notaría pública ha escriturado bienes a nombre de agiotistas que a cambio de préstamos a los ciudadanos se apoderan de sus bienes; y por otro lado, el Colegio de Notarios debe rendir cuentas por todas las notarías que han permitido a personajes que no cuentan con el perfil, pero que han sido aceptados sin decir nada, porque los notarios también han sido beneficiados con espacios para sus familiares.
En fin, esperamos que las indagatorias continúen tal como lo dio a conocer hace unos días el delegado de la Fiscalía General de la República, Alejandro Vila Chávez, quien afirmó que existe una investigación exhaustiva a notarios públicos han participaron en delitos de despojo al otorgar escrituras apócrifas a familias que se asentaron en forma irregular en áreas naturales protegidas y en otros predios irregulares.
Por lo pronto, el Fiscal General del Estado presume que es la primera vez que en Chiapas se judicializa una investigación en contra de un fedatario, ya que desde 2009 que existen Mesas de Trámite para la Atención de Delitos Relacionados con Corredores y Notarios Públicos, no se había consignado o ejercitado acción penal en contra de la actuación ilícita de éstos.
La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, refrenda una vez más su serio compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta ilícita o antisocial quedará impune.
Con filo
Luego de que ganara en tribunales la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, Carlos Palomeque Archila se queja de falta de recursos y asegura que la legisladora Janet Ovando le dejó en números rojos la dirigencia estatal de su partido y con un déficit de tres millones de pesos; por ello iniciará un procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades. Y es que Palomeque conoce bien el caminito, finalmente casi es líder vitalicio del PAN; por lo tanto, seguro encontrará cómo desquitarse de la exlideresa que le hizo difícil el camino…///El tema de la renuncia de los regidores de Arriaga con el cual se determinó nombrar un Concejo Municipal, luego de que el alcalde David Parada fue involucrado en el asesinato de un líder social que lo llevó al desafuero, vuelve a dar de qué hablar y piden al Congreso del Estado que reponga el procedimiento, pero el líder de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo, asegura que el Poder Legislativo ha actuado apegado a Derecho y por tanto, no se tienen por qué reponer las acciones legislativas ya que los regidores sí firmaron su renuncia de manera voluntaria.
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