A la pregunta sobre cuándo el personal de salud podrá recibir la vacuna, la respuesta del gobierno es que se esperen. La actitud denota una gran crueldad hacia el personal médico de nuestro país.
Hace casi un año, el Ejecutivo presumía un convenio con hospitales privados que se llamaba “¡Todos juntos contra el covid-19!” Ese mismo convenio se renovó en diciembre pasado. De ahí que ellos mismos hayan tenido que reconocer que el esfuerzo del personal de salud ha sido admirable y solidario. Sin embargo, este gobierno no es fiel a los principios que lo deben regir, ni a sus propios dichos y la ambición de ganar las elecciones del próximo 6 de junio son el único faro que guía sus pasos, trabajan en contra de quienes han manifestado en algún momento un desacuerdo. No toleran el riesgo que implica no ser preferidos por los ciudadanos y castigan a todo aquel que suponen que no va a favorecer con su voto al partido-gobierno.
La prioridad para un correcto y buen ejercicio de gobierno debió haber sido siempre proteger al personal de salud sin distingos. Amnistía Internacional informó que México era el país que tenía la cifra más alta de fallecimientos por covid dentro del personal de salud. Por si fuera poco, el gobierno ha detenido la vacunación del personal de salud que pertenece al sector privado. Las Asociaciones calculan más de 25 mil médicos generales que tienen un primer contacto con los pacientes de infectados por covid.
Decir que se “esperen” y vacunar sólo a los médicos del sector público, dejando a un lado al personal del sector privado implica soslayar que, tanto unos como otros son todos médicos y cumplen una función que implica poner en riesgo sus propias vidas. La muerte no distingue si pertenecen al sector privado o al público. Estamos ante un acto que no sólo es injusto y cruel, sino que viola la Constitución, violenta los derechos humanos y es contrario a principios que el propio gobierno dice reconocer en su guía de bioética. A continuación, escribo tres argumentos:
1. Negar la vacuna a los médicos del sector privado es inconstitucional porque viola el artículo primero de nuestra Carta Magna, que obliga al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como interpretarlos siempre en favor de los derechos de las personas. Se trata de un acto de poder violatorio de la dignidad humana.
2. Viola también el derecho humano a la no discriminación, consagrado en ese mismo artículo primero constitucional y en el Derecho Convencional. Es un acto discriminatorio porque niega un derecho por factores exclusivamente económicos a quienes prestan el mismo servicio y corren los mismos riesgos.
3. El Ejecutivo está dando un trato de primera clase a quienes trabajan para el gobierno y uno de segunda clase para quienes prestan sus servicios en la iniciativa privada. Violenta los principios bioéticos de trato justo y no exclusión al distinguir y excluir al personal médico por motivos económicos y/o políticos.
Si un trabajo adquirió la dimensión correcta en términos del servicio que presta fue el de las y los trabajadores de la salud que hoy están envueltos, injustamente, en una polarización planeada y desarrollada desde el poder. Quienes creemos en la dignidad de la persona humana debemos sostenernos en nuestra admiración a quienes en esta pandemia no han dejado de trabajar y de arriesgar su vida por nosotros, con independencia del sector al que pertenezcan. En todos los casos, han demostrado, en heroico cumplimiento del juramento hipocrático, con carácter, fuerza y entereza, no tener otro propósito que el bien y la salud de los enfermos.