En su novela Yo, el Supremo, Augusto Roa Bastos levanta una arquitectura literaria que va mucho más allá del retrato del poder. La obra es, en el fondo, una exploración profunda sobre la obsesión por fijar la realidad.
El protagonista, José Gaspar Rodríguez de Francia, cree que puede dominarlo todo si controla la palabra: el pasado, el presente y el futuro. Dicta decretos, corrige márgenes, escribe y reescribe como si la historia fuera una hoja en blanco sometida a su voluntad.
En su lógica, el poder no solo gobierna cuerpos, gobierna la memoria. Sin embargo, el transcurrir de la historia deja claro que esa ambición es imposible. Por más férrea que sea la voz del Supremo, en los márgenes del texto aparecen otras voces, como murmullos, glosas, silencios cargados de sentido.
Esa tensión —entre el poder que impone una narrativa única y la sociedad que resiste desde múltiples lugares— convierte a Yo, el Supremo en una metáfora universal de la resistencia civil. No necesariamente una resistencia épica, sino cotidiana, persistente y, a veces, silenciosa.
La lección es clara: ningún poder, por más decidido que esté a endurecer sus decisiones, puede sofocar del todo la pluralidad humana. Esa enseñanza literaria cobra hoy una fuerza particular cuando observamos lo que ocurre fuera de nuestras fronteras.
Tras la muerte, en Minneapolis, de una ciudadana y un ciudadano estadounidenses a manos del uso excesivo de la fuerza por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), numerosos sectores de la sociedad han salido a las calles para cuestionar al poder.
Lo verdaderamente significativo es que, si bien esta resistencia proviene de las comunidades migrantes, surge también, con fuerza, desde la propia ciudadanía estadounidense.
La memoria histórica nos lleva a 1965, a Selma, Alabama, donde manifestantes intentaron cruzar el puente Edmund Pettus y fueron brutalmente reprimidos en el llamado Domingo Sangriento, que evidenció ante el mundo la violencia estructural del Estado y aceleró transformaciones profundas en la legislación estadounidense.
Para México, estos hechos no son ajenos. Nuestra historia, nuestra economía y nuestra vida cotidiana están profundamente entrelazadas con la migración hacia Estados Unidos.
Por eso, la resistencia civil que hoy emerge en EU tiene gran valor simbólico para nuestra población migrante. Ver a ciudadanas y ciudadanos estadounidenses defender la dignidad de las y los migrantes envía un mensaje poderoso: la defensa de los derechos humanos deja de ser una causa sectorial y se convierte en un asunto de conciencia colectiva.
En este contexto, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum adquiere particular relevancia. Al activar a los consulados y mantenerlos en alerta permanente para brindar apoyo a la población migrante, el Estado mexicano cumple con una de sus responsabilidades fundamentales: proteger a su ciudadanía va más allá de las fronteras.
Lo que ocurre en Minneapolis no es un episodio aislado. Es parte de un proceso más amplio en el que sociedades enteras comienzan a cuestionar políticas que endurecen fronteras pero erosionan valores.
La historia enseña que los grandes cambios rara vez nacen en los despachos; más bien suelen gestarse en las calles, en la conciencia colectiva, en la resistencia persistente.
Hoy, cuando el pueblo estadounidense alza la voz, cuando México observa con atención y cuando el Gobierno activa mecanismos de protección, estamos frente a un momento que merece ser nombrado con claridad: resistencia.
Una resistencia que no busca destruir, sino dignificar; que no pretende imponer, sino recordar que los derechos humanos no tienen nacionalidad.
Como en Selma, como en las páginas de Yo, el Supremo, la historia vuelve a escribirse desde abajo. Y México, con millones de hijas e hijos del otro lado de la frontera, no permanece indiferente, porque cada acto de resistencia en defensa de la dignidad humana es una victoria compartida.
