El próximo 30 de abril se cumplen 100 años que, a instancias de José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, se instauró en nuestro país el Día de la Niñez, décadas antes que la Asamblea de las Naciones Unidas también determinara su conmemoración, lo que denota la importancia que en nuestro país se ha otorgado a la infancia.

Un día de fiesta y algarabía en que niñas y niños son agasajados, pero también para crear conciencia de la importancia de sus derechos, para que autoridades y sociedad examinemos las condiciones en que se desarrollan los casi 40 millones de infantes que viven actualmente en nuestro país —de los cuales casi el 100 % requieren de cuidados— e identificar los retos y pendientes para su atención.

México cuenta con un sólido marco jurídico para la protección de los derechos de la infancia. En 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Más tarde, en 2011, una adición al artículo 4º constitucional, incorpora el principio del interés superior de la niñez —que se erige como consideración primordial que debe atenderse en cualquier determinación que les afecte en su esfera social y jurídica–, al tiempo que reconoce su derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por último, en 2014 se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Una normativa que responde a un nuevo modelo basado en reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, capaces de expresar sus opiniones y que éstas sean tomadas en cuenta en todo asunto que les afecte de manera directa en su persona, familia o comunidad, dejando atrás el modelo de corte asistencial que les restaba el goce de ciertos derechos, sin dejar de reconocer que, por su falta de madurez física y mental, requieren de protección y cuidado particulares, como lo prescribe en su preámbulo la CDN.

Con información del Inegi, 87% de las personas de 3 a 17 años asiste a la escuela y 9 de cada 10 infantes recibe demostraciones de afecto de parte de sus padres. Sin embargo, hemos de reconocer que aún existen graves violaciones a los derechos de la infancia que se traducen en obstáculos para su bienestar y sano desarrollo.

La mitad de la niñez del país viven en pobreza, lo que compromete su desarrollo físico y cognitivo, exponiéndolos al abandono escolar, a una mayor mortalidad y a una dieta inadecuada e insuficiente; el 12 % de los niños y niñas menores de 5 años padecen desnutrición crónica; en materia de educación, 8 de cada 10 estudiantes en el país no alcanza los conocimientos requeridos en su nivel educativo y 4 millones de niños no van a la escuela; las estadísticas indican que 6 de cada 10 niños de entre 1 y 14 años ha experimentado algún método violento de disciplina (UNICEF).

Según reporte de víctimas por año del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, entre enero de 2020 y marzo de 2024, 132 mil 787 NNA fueron víctimas de algún delito, 4 mil 831 de muerte violenta (4 mil 412de homicidio doloso y 419 víctimas de feminicidio); 44 mil 154 de lesiones dolosas; 45 de tráfico de menores y 1540 de trata.

Estos son nuestros retos y pendientes: hacer efectivos todos y cada uno de los derechos de la infancia, su acceso a una alimentación adecuada, a la salud, a la seguridad social, a la educación; brindarles una crianza positiva y un sano desarrollo; terminar con el matrimonio y trabajo infantil pero, lo más urgente es, ponerle fin a todas las formas de violencia en su contra y, de este modo, garantizar su derecho a una vida libre de violencia, a la protección de su integridad personal, así como a la restitución de sus derechos.

Generemos en cada niña y niño la conciencia de sus derechos y que merecen respeto. Familia, comunidad y Estado, estamos comprometidos a brindarles protección.

La niñez de hoy, conducirá los destinos de nuestra Nación el día de mañana.