Han pasado dos meses desde la toma de posesión del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y la situación no se ha estabilizado porque diferentes grupos no sólo no han cesado las manifestaciones de protesta que vienen realizando desde hace un par de años, sino que las han incrementado.

Particularmente maestros y estudiantes normalistas no han cesado las movilizaciones, a veces violentas, para demandar el pago de salarios, prestaciones y apoyos que les quedó a deber el pasado gobierno, que saqueó el estado de manera impune hasta ahora.

Son miles de millones de pesos los que se necesitan para pagar todos los compromisos que incumplió el anterior gobierno con diferentes grupos, y el actual simplemente no tiene de donde sacarlos. Para remediar la situación tendría que pedir el apoyo del gobierno federal, que tampoco cuenta con recursos disponibles para darles a todos los estados y dependencias que están en quiebra.

Aunque es cierto que la solución de muchos problemas pasa por el dinero, pareciera que otros están siendo provocados por personajes políticos que el gobierno estatal debería de tener bien ubicados y llamarlos a cuentas porque la sociedad se desespera cada vez más ante tantos desmanes, destrozos y hechos violentos.

Uno de los problemas es que ante tanto vandalismo, un día sí y otro también, el gobierno tiene dos opciones: negociar la entrega del dinero que no alcanza o de plano mandar a la policía para contenerlos como lo hizo el pasado martes cuando profesores de telebachillerato y normalistas tenían tomada la Torre Chiapas y bloqueado el libramiento nor-oriente de la capital.

Claro que el costo político de mandar a la policía a lanzar gases lacrimógenos y detener a profesores o estudiantes, representa para el gobierno estatal -el que sea- un costo político alto y al mismo tiempo enfrenta la presión de la sociedad que demanda paz y tranquilidad.

Entre estos hechos que sucedieron el ese martes de protestas en Tuxtla Gutiérrez ocurrió uno que llamó más la atención: Los daños ocasionados por presuntos normalistas en las instalaciones de la Auditoria Superior del Estado, de donde sustrajeron y quemaron papelería.

A muchas personas les parece cuando menos sospechoso que justo hayan sustraído y quemado documentación importante de esas oficinas por iniciativa propia. ¿Alguien los mandó para que cometieran tales actos, con el fin de desaparecer pruebas? Eso es algo que las autoridades correspondientes tendrán que investigar.

Da la impresión también de que en algunos casos, maestros y estudiantes son enviados por dirigentes magisteriales de todas las tendencias que han perdido bases y pretenden recuperarlas para no perder poder o porque buscan debilitar a la titular de la Secretaría de Educación por intereses personales.

El caso es que las protestas están a la orden del día, sin que haya autoridad capaz de controlarlas. A ver si con la detención de 9 maestros de telebachillerato se calman, o al contrario, se incrementan porque lo lógico es que sus compañeros se movilicen y escalen las acciones para exigir su liberación.

Las manifestaciones violentas provocadas en la capital del estado se han trasladado también al ámbito local en San Cristóbal, donde grupos de caciques protegidos por exservidores públicos hicieron de las suyas el pasado martes, cuando el cabildo coleto realizaba su sesión ordinaria en la sala de Bellas Artes.

Hasta ese sitio, localizado junto al arco y el templo de El Carmen, a cuatro cuadras del parque central, llegaron decenas de indígenas de comunidades del sur del municipio, quienes, con el argumento de que no ha sido tomado en cuenta el dirigente que han propuesto para que ocupe la dirección de Asuntos Indígenas, de nueva creación, provocaron la suspensión de la sesión y la huida de la alcaldesa Jerónima Toledo Villalobos y de los miembros del ayuntamiento.

En su enojo, como si fueran maestros o estudiantes normalistas, rompieron cristales y ocasionaron daños, además de generar temor e incertidumbre entre la población. En esta ocasión, la policía municipal actuó de inmediato y las cosas se controlaron relativamente rápido.

Los enardecidos indígenas, encabezados por su dirigente Fernando, aseguraron que la presidenta municipal les había prometido que les daría la dirección mencionada para que uno de ellos la encabezara, pero que ahora ya no les quiere cumplir.

Una fuente del ayuntamiento informó a esta Rotonda Pública, que la pasada administración municipal que presidió Marco Antonio Cancino González -quien por cierto este jueves se paseaba por el centro de la ciudad con su hermano Romeo y Sergio Natarén, uno de sus hombres de mayor confianza- le quedó a deber a Fernando siete millones de pesos por obras construidas y está exigiendo que le paguen; que ese sería el fondo del problema.

Las fuentes han especulado con que Fernando, el dirigente de los inconformes, sería prestanombres de algún servidor público que esperaba reelegirse para cobrar los siete millones, pero como ello no ocurrió ahora está exigiendo al actual ayuntamiento que se los pague.

Sea lo que sea, el caso es que algunos grupos de caciques posiblemente manipulados por políticos están tratando de desestabilizar al municipio y a sus autoridades. Ojalá las autoridades correspondientes investiguen bien, detengan y castiguen a los responsables para que la situación se tranquilice.

Estos hechos sucedieron apenas una semana después de que las huestes de Martín Pale Sántiz, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), ocasionaron destrozos en las instalaciones del Palacio de Justicia de San Cristóbal, luego de su detención, junto con cinco personas más. Al paso que vamos no van a quedar cristales buenos en los edificios públicos en la capital del estado y en la ciudad coleta. Ojalá se ponga un alto y se frene todo este desorden que afecta a muchas personas que nada tiene que ver en los conflictos. La pregunta es: ¿Qué grupo irrumpirá el próximo martes? Fin.