¿No pasarán?
Apenas ha empezado el año y ya una nueva caravana de miles de migrantes salió dispersa de Honduras con la intención de llegar a Estados Unidos.
El grupo no había podido avanzar hasta ayer más que unos 40 kilómetros desde la frontera de Honduras con Guatemala, pues la policía y el Ejército de este último le impidieron el paso e incluso hubo decenas de golpeados -incluidos uniformados-, ya que utilizaron palos para contenerlos.
Como lo hizo hace algunos meses, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha argumentado en primer lugar, que impedirá el paso de los hondureños por cuestiones de salud, ya que la pandemia de Covid-19 sigue activa e implica un riesgo para sus habitantes. De hecho, Guatemala es uno de los países que exige la prueba PCR para permitir el ingreso de extranjeros.
Desde luego que la razón principal es la presión que existe desde Estados Unidos y de México para que no deje pasar las caravanas de migrantes si sus integrantes no cuentan con los documentos en regla, pues de lo contrario ocasionan graves problemas a los gobiernos de estos países.
En las imágenes se ha visto cómo los soldados y policías de Guatemala han contenido con la fuerza -armados con garrotes- a los indocumentados, que en grandes grupos han intentado burlar la seguridad.
De hecho, los contingentes lograron ingresar a Guatemala por la frontera desde el viernes pasado, pero no han podido avanzar, debido a la presencia de las fuerzas del orden. No hay otra forma de detener el paso de estos grupos que desde hace más de dos años lo intentan en caravana.
Quienes alientan la organización de grupos masivos en los países centroamericanos e incluso en el norte, seguramente vieron la coyuntura propicia para visibilizar el problema migratorio, ya que el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden tomará posesión este 20 de enero. Se espera que hable sobre el tópico.
Es lógico que quieren ponerlo a prueba y saber cuál será su política sobre el tema, por lo que desafiando los riesgos de la pandemia y lo que implica la sola movilización, miles de hondureños decidieron aventurarse en caravana rumbo al norte.
Ya se sabe que sean demócratas como Biden y republicanos como Donal Trump, la política migratoria de Estados Unidos no varía mucho, pues su exigencia es que no pasen los centroamericanos que no cuentan con documentos.
Ante esa política, los gobiernos de México y Guatemala están contra la espada y la pared, pues enfrentan las presiones de la administración gringa para que no dejen pasar a los centroamericanos, aunque para ello tengan que utilizar la fuerza pública.
Independientemente de ello, ambos gobiernos, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Giammattei saben también que de alguna forma les conviene hacer el trabajo de contención que demanda Estados Unidos para congraciarse, sobre todo ahora que está por comenzar la nueva administración. Es una forma de quedar bien para tratar de llevar una buena relación. Sobre todo, al gobierno mexicano que en teoría ha tenido algunas diferencias -no graves- con el próximo mandatario del norte.
Tanto México como Guatemala han dado muestras en el último año de atender las recomendaciones, por decirlo de esa forma, del gobierno del país de las barras y las estrellas, de no dejar pasar las caravanas, a costa de su prestigio, pues en ocasiones los uniformados tienen que reprimirlos y violar sus derechos humanos, con el consecuente desprestigio político.
Pero no hay otra forma de detenerlos, a menos que las autoridades permitan la violación de sus leyes y que cualquier persona ingrese al país sin documentos y sin cumplir con los requisitos legales, lo que ocasionaría mucho desorden y evidenciaría la falta de autoridad.
Sí, estas dos naciones enfrentan a los indocumentados y como pueden los retienen y los hacen volver a sus países de origen. La pregunta es: ¿Qué hace Honduras para evitar que sus habitantes dejen el país e ingresen ilegalmente a Guatemala? Por lo visto nada. Pareciera que con la desatención de ese gobierno, se busca alentar la salida de hondureños, principalmente de los opositores que así reciben un castigo por no haber votado por el actual presidente, Juan Orlando Hernández, quien ganó de manera cuestionada.
Desde que se supo de la conformación de la caravana en Honduras, el gobierno de México comenzó a tomar acciones y a enviar señales de que no permitiría el ingreso ilegal al país.
Por eso desplegó la semana pasada en la ribera del río Suchiate a 500 agentes del Instituto Nacional de Migración (Inami) y 500 de la Guardia Nacional. El mensaje es claro: No permitir que crucen la frontera y entren de manera ilegal. Ya que en enero del año pasado accionó con éxito en la zona para impedir el avance de los migrantes en grupo.
Así como México enfrenta presiones de Estados Unidos, Guatemala las sufre de México, al que le conviene que sus vecinos del sur no dejen pasar las caravanas para no tener que hacer el trabajo de la contención que implica un desgaste político y económico muy fuerte, pues debe de desplegar a miles de policías y soldados en la frontera.
Pero así como presiona diplomáticamente al gobierno de su vecino del sur, también le ofrece el apoyo necesario para ayudarlo a resolver el problema. Una muestra de ello es que el fin de semana envió autobuses desde México para que trasladen a Honduras a los migrantes que han decidido retornar a su país, después de que no pudieron seguir su camino hacia el norte, debido a la presencia de las fuerzas de seguridad. Eso es lo que se sabe públicamente, pero seguramente, el gobierno de López Obrador respalda de otras maneras a la administración de Giammattei para no dejarlo solo en esta lucha de evitar a toda costa el paso de los indocumentados que huyen en busca de trabajo y de la violencia.
PICOTAZOS. ¿Quién habrá autorizado el desmedido aumento de 10 pesos de la cuota en la carretera -no autopista- San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez? Nunca había habido un incremento tan alto (de 53 a 63 pesos). Ahora lo hace en tiempo de pandemia, de crisis económica. Algunos piensan que la concesionaria le está cargando a los usuarios lo que deja de cobrar cada vez que grupos inconformes toman la caseta. Alguna autoridad debe de intervenir para que eche reversa en este injusto aumento. Fin