Altamirano se agrava

Por enésima vez, el conflicto en Altamirano ha escalado peligrosamente con el riesgo de salirse de control, lo que ha encendido los focos rojos entre las autoridades. 

Desde hace dos años comenzó la lucha abierta casi a muerte entre los grupos que se disputan el poder político y el presupuesto público. No había llegado al grado que el problema alcanzó el viernes pasado, con la quema de casas y vehículos. 

Según el síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera, quien es el que tiene el poder real en el Concejo Municipal nombrado hace dos años por el Congreso local, la noche del viernes fueron incendiadas 43 viviendas, incluidas la suya y la de la presidenta del Concejo Municipal, María García, así como una veintena de vehículos. 

Gabriel atribuyó estos actos vandálicos al presidente del Comisariado Ejidal, Rogelio Hernández Gómez, quien, asegura, no tiene nombramiento oficial, así como los demás integrantes de la directiva, identificados con el ex presidente municipal Roberto Pinto Kánter. 

Lo que se vivió esa noche del viernes fue algo espantoso que aterrorizó a los habitantes de la cabecera municipal, pues observaban cómo una turba le prendía fuego a las casas y a los vehículos impunemente, ya que no había autoridad alguna que pudiera contener esos hechos. 

La lucha por el poder entre Montoya Oseguera y la familia Pinto Kánter ha colocado a la población en una situación de alto riesgo y ha generado ingobernabilidad, cuando menos en la cabecera municipal, cuyas entradas y salidas permanecen bloqueadas desde el 22 de agosto, por seguidores del ex presidente municipal, quien —en diversas versiones— estuvo preso en el penal de “El Amate” más de una semana, aunque oficialmente las autoridades correspondientes nada informaron. 

La situación es tan delicada que los miembros del Concejo Municipal —si no todos, al menos una parte— salieron de Altamirano hacia San Cristóbal para evitar ser agredidos por sus opositores. 

Llegar al extremo de incendiar 43 casas es cosa seria y significa que el grupo contrario al Concejo Municipal está dispuesto a todo con tal de que las actuales autoridades municipales sean destituidas, sobre todo el síndico concejal, a quien responsabilizan de la desgracia de la familia Pinto Kánter, que cuando menos este trienio no pudo disponer de los cuantiosos recursos públicos con los que se benefició en administraciones anteriores. 

Como en muchos otros municipios en los que existen conflictos por causas diversas, aunque casi siempre son por la lucha por el poder político, en Altamirano es necesaria una solución de fondo, pues de lo contrario el problema  no sólo no se resolverá, sino que escalará con el consecuente riesgo para la seguridad personal y patrimonial de los habitantes, principalmente de la cabecera, escenario central de la disputa. 

Si existen denuncias sustentadas en contra del Concejo Municipal sobre malos manejos de los recursos púbicos, por ejemplo, estos deben de ser investigados de manera objetiva por las autoridades correspondientes, porque tampoco se puede permitir que haya impunidad y que las nuevas autoridades municipales se comporten como sus antecesoras que tanto criticaban. 

Pero también tiene que aplicarse la ley a quienes el viernes cometieron varios delitos al incendiar casas y vehículos, aterrorizando a la población de la cabecera de ese municipio tan golpeado y agraviado, no de ahora sino desde hace muchos años. 

Como se ha dicho, es urgente encontrar una solución de fondo al conflicto o de lo contrario seguirán la inestabilidad, la ingobernabilidad, los enfrentamientos y los agravios mutuos. Seguirán por tiempo indefinido, con el riesgo latente de que conforme se acerque la fecha de las elecciones municipales, de junio del año próximo, el asunto se salga —más— de control. 

Lo ideal sería que los dos grupos principales se sentaran a dialogar y llegar —aunque sea— a acuerdos mínimos para medio pacificar el municipio, pero si ello no es posible debido a la rivalidad a muerte existente, las autoridades correspondientes están obligadas a buscar la mejor solución por el bien de la población. 

Otra tragedia 

Las tragedias relacionadas con los migrantes no paran y por desgracia no pararán mientras no haya un cambio de política de fondo que garantice su seguridad durante su tránsito por México hacia Estados Unidos. 

El más reciente caso sucedió el domingo en la madrugada en el tramo carretero ubicado entre Pijijiapan y Tonalá, donde un camión que transportaba a 27 cubanos —según autoridades migratorias— se volcó, ocasionando la muerte de 10 mujeres, entre ellas una menor. 

De verdad que es muy triste y doloroso que pasen estos casos, de personas que vienen a morir fuera de su país en busca de ese tan anhelado “sueño americano”, que muchas veces se convierte en tragedia y verdaderas pesadillas para las familias. 

Ya se sabe que a los “polleros” no les importan las condiciones en que sean transportados para cruzar México, sino sólo cobrarles sin importarles su seguridad personal.   

Este es el segundo accidente que ocurre en Chiapas en los tres días recientes, ya que el 28 de septiembre dos migrantes perdieron la vida y 38 resultaron heridos en la volcadura de un camión en el municipio de Mezcalapa. 

Parece, efectivamente, un cuento de nunca acabar. Y mientras no se cambie la política migratoria, se seguirán presentando este tipo de desgracias en suelo mexicano. 

Cuántas familias están ahora de luto y sufriendo la pérdida de sus seres queridos que sólo buscaban una mejor vida para ellos y sus parientes.