El posible recorte del ciclo escolar 2025-2026 ya encendió las alarmas entre especialistas. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que adelantar el fin de clases al 5 de junio podría profundizar el rezago educativo, aumentar las desigualdades y golpear especialmente a las mujeres.
A través de una serie de mensajes publicados en X, el organismo sostuvo que reducir cinco semanas de clases afectaría directamente el aprendizaje de 23.3 millones de estudiantes en un país que ya enfrenta graves problemas educativos.
Alumnos no dominan matemáticas
El IMCO recordó que actualmente 66 por ciento de los estudiantes no domina operaciones matemáticas básicas; apenas 34 por ciento logra resolver problemas matemáticos elementales y ningún alumno alcanza el nivel más alto de razonamiento matemático.
La advertencia ocurre mientras México se ubica en el lugar 35 de 37 países evaluados por la prueba PISA de la OCDE, además de registrar el peor desempeño en ciencias y una de las caídas más severas en matemáticas y comprensión lectora desde 2003.
El organismo también alertó que el recorte escolar tendría efectos económicos y sociales. Solo en educación básica pública trabajan más de un millón de personas y la nómina mensual docente ronda los 17 mil millones de pesos, lo que abre interrogantes sobre el manejo presupuestal en caso de modificar el calendario.
CNDH pide a la SEP revisar recorte
Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra, lanzó un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado, para revisar la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio por las altas temperaturas y el Mundial de Futbol 2026, al advertir que la medida podría vulnerar derechos de niñas, niños y adolescentes.
En un pronunciamiento oficial, el organismo alertó que sacar a estudiantes de las aulas un mes antes no afecta las jornadas laborales de madres, padres y cuidadores, lo que podría dejar a miles de menores solos en casa y en condiciones de vulnerabilidad.
“La responsabilidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes es de todas y todos”, subrayó la Comisión.
